Lempira, Honduras – El alcalde oficialista de San Manuel de Colohete, Elder Mejía, fue señalado por el medio estadounidense InSight Crime tras la construcción de una carretera dentro del Parque Nacional Montaña de Celaque, específicamente en la microcuenca “El Rancho”, un área declarada protegida desde 1987 por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de donde muchas familias extraen agua potable durante todo el año.
La publicación también implica al gobernador departamental de Lempira, Teófilo Enamorado, por presuntamente ignorar las denuncias contra Mejía. El alcalde adjudicó un contrato de casi dos millones de lempiras (aproximadamente 80 mil dólares) a una empresa en la que participa el hijo del gobernador, para repavimentar otra vía dentro del municipio. Fotografías incluidas en la investigación muestran a Mejía, Enamorado y su hijo en eventos partidarios del Partido Libre, lo que ha despertado críticas sobre una posible red de intereses familiares y políticos.
Muchos residentes y expertos ambientales sostienen que la ejecución del proyecto fue ilegal. Según el colectivo ambientalista “Fuente de Vida” del municipio de San Juan, la microcuenca de “El Rancho” es vital para la subsistencia de decenas de familias. La carretera atravesó esta fuente sin que se consultara a la comunidad afectada.
“El Rancho es un lugar donde la gente ha recogido agua para beber, cocinar y vivir durante más de 30 años”, denunció un representante del colectivo. Esta obra, aseguran, pone en riesgo el abastecimiento de agua y la estabilidad ecológica de la zona.
Acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias
Francisco Escalante, ingeniero forestal y exviceministro del ICF, fue categórico: “Es un abuso de autoridad. Es un área protegida conocida por todos. Están demarcados los límites y si hay una comunidad que se ve afectada, lo primero es considerar que esa comunidad fue sobrepasada”.
A pesar de que el alcalde sostiene que el proyecto fue solicitado por comunidades indígenas, muchos habitantes aseguran no haber sido consultados. La versión oficial señala que la obra fue impulsada por las comunidades sin participación municipal, pero expertos de organizaciones como MAPANCE (organización ambiental de occidente) consideran improbable que los pobladores hayan podido asumir solos los costos de maquinaria pesada y mano de obra especializada para tal obra.
Apoyo político contradictorio
En medio de la controversia, el viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Jorge Salaverri, visitó la zona y en un video se lo observa expresando su apoyo a la iniciativa, asegurando que “concertar para concluir esta carretera es un compromiso con la gente que la necesita”. No obstante, cuando fue confrontado por InSight Crime negó haber brindado respaldo alguno.
Investigación estancada
Pese a que se han presentado al menos dos denuncias formales ante la Fiscalía Ambiental del occidente del país, la investigación avanza con lentitud. La unidad ambiental de la fiscalía regional enfrenta serias limitaciones logísticas y de personal, y el acceso a la zona de conflicto es difícil.
Mientras tanto, Mejía sigue defendiendo la necesidad del proyecto, alegando que la carretera representa una mejora urgente para el acceso de varias comunidades y que la vía anterior era impráctica. Aun así, la legalidad del procedimiento y la transparencia del proceso están bajo la lupa.
Una decisión que divide al pueblo
La carretera, que ahora cruza una de las áreas ecológicas más sensibles del país, se ha convertido en el centro de un conflicto que enfrenta a comunidades, funcionarios y defensores del medio ambiente. El dilema entre desarrollo y conservación vuelve a colocar a Honduras frente a uno de sus grandes retos: cómo impulsar el progreso sin destruir los recursos que sostienen la vida misma.
Crédito imágenes: Parker Asmann (InSight Crime)
Fuentes: InSight Crime, ICF, MAPANCE, Fuente de Vida, SERNA, Fiscalía Ambiental
