Tegucigalpa, Honduras – julio de 2025.
La espiral de violencia contra las mujeres en Honduras continúa agravándose sin señales de freno. Durante el primer semestre de 2025, las muertes violentas de mujeres ya han superado las cifras registradas en el mismo período de 2024, según datos revelados por organizaciones de derechos humanos y entes estatales. Este repunte ha encendido las alarmas de la sociedad civil y de los organismos internacionales que observan con preocupación la inacción del Estado hondureño ante la crisis de género.
De acuerdo con cifras preliminares del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), entre enero y junio de 2025 se contabilizaron más de 190 muertes violentas de mujeres, mientras que en el mismo período de 2024 fueron alrededor de 165. Esto representa un incremento del 15% en apenas un año.
Las víctimas no solo aumentan en número, sino también en brutalidad. En muchos casos, los cuerpos presentan signos de tortura, violencia sexual y exposición pública, lo que indica un patrón de crimen de odio. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad: más del 90% no han sido judicializados, y en varios de ellos ni siquiera hay sospechosos detenidos.
Violencia sin rostro ni justicia
El problema se profundiza por la falta de voluntad política para fortalecer el sistema judicial y garantizar una respuesta efectiva. Según organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y la Red Lésbica Cattrachas, las autoridades no solo fallan en prevenir estos crímenes, sino también en brindar justicia a las familias de las víctimas.
«Estamos viendo cómo la violencia feminicida se normaliza. Cada vez que una mujer es asesinada, el aparato estatal responde con silencio o con excusas», denuncia Claudia Lagos, vocera de Cattrachas. “Ni la Policía ni el Ministerio Público actúan con celeridad, y eso les da impunidad a los agresores”.
Entornos hostiles y ausencia de políticas públicas
En muchos casos, las mujeres asesinadas eran víctimas de violencia doméstica o acoso previo, y habían denunciado a sus agresores. Sin embargo, las medidas de protección son escasas o ineficientes. Además, Honduras carece de refugios suficientes para mujeres en riesgo, especialmente en áreas rurales.
Aunque existen leyes que tipifican el feminicidio y castigan la violencia de género, como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, su aplicación sigue siendo deficiente. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han urgido al gobierno hondureño a implementar una política pública nacional de prevención y protección.
La indiferencia estatal
El gobierno de Xiomara Castro, a través de su Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ha prometido varias estrategias para frenar la violencia de género. No obstante, hasta ahora, los avances son mínimos y los recursos asignados al combate del feminicidio continúan siendo insuficientes.
Para el Observatorio de la Violencia de la UNAH, la falta de inversión en educación con enfoque de género, el debilitamiento institucional y la impunidad son factores claves del aumento en las cifras. “Estamos ante una epidemia de violencia machista. No se puede hablar de seguridad ni democracia mientras las mujeres son asesinadas todos los días sin que haya consecuencias para sus asesinos”, afirma la investigadora Migdonia Ayestas.
Testimonios desde el dolor
La madre de una de las víctimas de este año relata: “Mi hija denunció a su pareja porque la golpeaba, pero no hicieron nada. A los dos meses apareció muerta en un solar baldío. Lo único que me dijeron fue que estaban investigando, pero hasta hoy no sé nada de su caso”. Como ella, decenas de madres, hermanas e hijas viven en el abandono institucional mientras enfrentan el duelo y la impotencia.
Conclusión: una nación en deuda con sus mujeres
Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para ser mujer en América Latina. Las cifras de muertes violentas en lo que va de 2025 no son simplemente estadísticas: son vidas truncadas por una cultura de violencia, impunidad y silencio institucional. A menos que se adopten medidas urgentes y contundentes, los próximos meses podrían cerrar con cifras aún más alarmantes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han convocado a movilizaciones en varias ciudades del país, exigiendo justicia para las víctimas y acciones reales por parte del Estado. La pregunta que queda en el aire es si esta vez el gobierno escuchará, o si continuará siendo cómplice, por omisión, de una tragedia nacional que cobra vidas cada día.
