Tegucigalpa, Honduras. – La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos ha encendido las alarmas en Honduras, ya que miles de compatriotas retornarán a un país marcado por una crisis de empleos que no ha logrado superarse en los últimos años. La incertidumbre económica se agrava con la falta de seguridad jurídica y el bajo nivel de inversión extranjera, factores que, según expertos y sectores empresariales, deberán ser atendidos con urgencia por el próximo gobierno en 2026.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha reiterado en múltiples ocasiones que la inestabilidad legal y la ausencia de garantías para los inversionistas nacionales e internacionales generan un clima de desconfianza que impide la creación de nuevas plazas laborales. Esto ha provocado un estancamiento en el mercado, sumado a una creciente informalidad que ya absorbe a más del 70% de la población económicamente activa.
Crisis de empleos y sus raíces
Honduras enfrenta una de las tasas más altas de desempleo y subempleo en Centroamérica. La situación responde a una combinación de factores:
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Inseguridad jurídica: los cambios constantes en las reglas del juego para empresarios y emprendedores frenan la llegada de inversiones.
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Inseguridad ciudadana: aunque los niveles de violencia han mostrado altibajos, aún representan un obstáculo para la confianza empresarial.
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Migración forzada: miles de hondureños abandonaron el país buscando mejores oportunidades, y ahora muchos deberán regresar sin que existan condiciones para ser reabsorbidos en el mercado laboral.
Retornados del TPS: un desafío inmediato
La finalización del TPS golpea directamente a más de 50 mil hondureños que, después de casi tres décadas de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, podrían verse obligados a regresar. Estos migrantes eran una fuente de sustento para sus familias mediante el envío de remesas, que superan los 8 mil millones de dólares anuales, uno de los pilares de la economía hondureña.
Sin embargo, el retorno masivo implica un desafío mayor: ¿cómo se integrarán al mercado laboral si en Honduras no existen las oportunidades suficientes ni condiciones estables?
Los analistas advierten que este flujo de retornados presionará aún más el ya debilitado sistema laboral, generando tensiones sociales y económicas que el próximo gobierno deberá enfrentar con políticas claras y sostenibles.
Lo que deberá hacer el gobierno en 2026
De acuerdo con el sector privado, gremios y analistas económicos, las acciones inmediatas que debería asumir la administración entrante son:
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Restablecer la seguridad jurídica: garantizar un marco legal confiable que permita a inversionistas operar con reglas claras y estables.
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Impulsar un plan agresivo de atracción de inversiones: priorizando sectores estratégicos como la agroindustria, turismo, energía renovable y manufactura.
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Programas de reinserción laboral para retornados: capacitación técnica y acceso a créditos blandos para emprendedores.
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Mejorar la infraestructura y clima de negocios: simplificar trámites, digitalizar procesos y combatir la corrupción.
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Promover alianzas público-privadas: con proyectos de gran escala que generen empleos inmediatos y sostenibles.
Un futuro incierto
El COHEP y otros sectores de la sociedad civil insisten en que Honduras no puede seguir perdiendo oportunidades. La llegada de un nuevo gobierno en 2026 marcará un punto decisivo para determinar si el país logra romper el ciclo de desempleo y falta de inversión, o si, por el contrario, seguirá sumido en la incertidumbre.
