Tegucigalpa, Honduras – A tan sólo días de la celebración de las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre, un conjunto de juristas, observadores y analistas electorales han lanzado una alerta pública para que los órganos responsables del proceso en el país garanticen el derecho al voto de la ciudadanía hondureña sin dilaciones ni obstáculos.
El llamado de atención se produjo en un contexto de fuertes tensiones al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), donde el juego de plazos, acuerdos y contratiempos técnicos ha puesto en estrecho margen la posibilidad de un proceso que merezca plena confianza ciudadana.
Cronología crítica del proceso
Las alarmas se encendieron cuando la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ordenó la impresión de papeletas para diputados en los departamentos de Olancho y Valle pese a que el TJE había emitido una medida cautelar que suspendía el proceso, a la espera de resolver impugnaciones vinculadas a sustituciones de candidaturas.
Por su parte, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, reconoció que existe lo que él definió como una “emergencia electoral”: unos 1 800 centros de votación, de los más de 5 200 que operarán, no cuentan con conectividad satelital básica, lo que podría afectar hasta 900 000 electores.
En paralelo, la misión pre-electoral del National Democratic Institute (NDI) observó que el país encara una combinación de riesgos: insuficiente claridad procedimental, intimidación ciudadana y una alta carga de tensión política que puede menoscabar la participación.
¿Qué está en juego?
El derecho al sufragio es –y debe seguir siendo– un pilar de la democracia representativa. Los expertos consultados subrayan que los hondureños deben poder acercarse a las urnas con garantías de transparencia, igualdad, profesionalismo de los órganos responsables y logística eficiente.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo afirmó que lo esencial es que “el calendario siga su curso y que los hondureños podamos ejercer nuestros derechos democráticos”, aun cuando señaló preocupación por la legalidad de algunas decisiones del CNE.
Por su parte, el jurista Juan Carlos Barrientos recordó que el TJE fue diseñado precisamente para tutelar al votante frente a arbitrariedades del órgano electoral, y que su falta de funcionamiento efectivo debilita la credibilidad del proceso.
Un llamado al accionar de las instancias electorales
El desafío para Honduras es mayúsculo: no se trata sólo de llevar a cabo una elección, sino de construir un proceso que genere confianza y sea aceptado por todos los actores. Si la ciudadanía percibe que las reglas no fueron aplicadas de manera equitativa, o que la logística falló, se corre el riesgo de que el resultado enfrente un déficit de legitimidad.
Los órganos electorales, por su parte, tienen la responsabilidad de actuar con transparencia, informar de manera proactiva sobre el estado del cronograma, los contratos, los avances técnicos y las garantías de acceso al voto. El margen para error es mínimo, habida cuenta de la tensión política creciente.
Conclusión
A menos de cinco semanas de las elecciones generales, Honduras enfrenta una de sus pruebas democráticas más complejas. Los expertos han levantado la voz para que el derecho al sufragio de millones de ciudadanos sea garantizado sin trabas ni demora. Si se logra ese objetivo, entonces el país habrá dado un paso importante hacia la credibilidad electoral. Si no, se corre el riesgo de que el proceso pierda impulso y legitime cuestionamientos posteriores.
En definitiva: no se trata sólo de votar, sino de que cada voto cuente en un marco percibido como limpio, libre y transparente. Las autoridades de aquí en adelante tendrán que asumir su rol con la urgencia que la situación exige.
