El más reciente pronunciamiento del aspirante presidencial Roosevelt Hernández ha desatado una oleada de críticas entre diversos sectores políticos y sociales, luego de que propusiera que las Fuerzas Armadas participen en el conteo de actas durante las elecciones generales de 2025. Su planteamiento, considerado “descabellado” por líderes opositores y analistas, ha reavivado el debate sobre el papel que deben tener los militares en los procesos democráticos del país.
Durante una conferencia de prensa, Hernández justificó su propuesta argumentando que la presencia de las Fuerzas Armadas en el conteo de votos garantizaría “transparencia total” y evitaría posibles fraudes electorales. “El pueblo confía más en el Ejército que en los políticos o en las instituciones electorales. Por eso, propongo que ellos acompañen la revisión de las actas para asegurar un resultado limpio”, expresó el dirigente, generando de inmediato una ola de reacciones adversas.
Sin embargo, la idea fue duramente rechazada por representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), juristas, y dirigentes de la oposición, quienes recordaron que la Constitución y la Ley Electoral establecen claramente las funciones de las Fuerzas Armadas, limitándolas al resguardo del material electoral y a la custodia del orden público, pero no a tareas de conteo o validación de resultados.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar también se sumó al rechazo y recordó que Honduras ha luchado por décadas para mantener a los militares fuera de las decisiones políticas. “No podemos permitir que se abra esa puerta. Las Fuerzas Armadas deben mantenerse neutrales y subordinadas al poder civil. Proponer lo contrario es un acto irresponsable”, señaló.
Desde el ámbito de la sociedad civil, organizaciones defensoras de la democracia y la transparencia expresaron su preocupación. El Observatorio Electoral Nacional (OEN) calificó la propuesta de “alarmante” y “contraria a los principios básicos del proceso electoral”. Su directora, Ana Lucía Mejía, enfatizó que la participación de los uniformados en el conteo de actas podría interpretarse como una forma de presión o intimidación hacia los observadores y representantes de mesa.
El debate ocurre en un momento particularmente sensible, cuando el país se prepara para los comicios generales de 2025 y los partidos afianzan sus estrategias. Mientras tanto, las autoridades del CNE reiteraron que los militares seguirán cumpliendo su papel tradicional: la custodia del material electoral y la seguridad en los centros de votación, sin intervención alguna en el escrutinio o procesamiento de actas.
La polémica ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones electorales y de mantener una clara separación entre los ámbitos civil y militar. Para muchos, las declaraciones de Roosevelt Hernández no solo son un error político, sino un recordatorio de que la democracia hondureña aún enfrenta riesgos cuando las fronteras entre poder civil y poder militar se difuminan.
En medio de las críticas, diversos sectores coincidieron en un llamado: preservar la transparencia y la independencia del proceso electoral sin recurrir a propuestas que pongan en duda los principios democráticos fundamentales.
