Tegucigalpa, Honduras.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ejecutó durante el año 2025 la totalidad de la denominada partida confidencial del Poder Ejecutivo, identificada en el Presupuesto General como partida 449, un fondo reservado destinado a gastos clasificados cuya ejecución no está sujeta a fiscalización pública detallada. La utilización completa de estos recursos ha reavivado el debate nacional sobre la transparencia, el control del gasto público y el uso discrecional de fondos estatales.
De acuerdo con información contenida en los informes de ejecución presupuestaria, el Ejecutivo dispuso del 100 % de los recursos asignados a esta partida durante el ejercicio fiscal 2025, lo que contrasta con años anteriores en los que el fondo no siempre era utilizado en su totalidad. Aunque la ley permite la existencia de este tipo de asignaciones para atender asuntos de seguridad nacional, inteligencia y otras operaciones sensibles, sectores políticos y de sociedad civil han cuestionado la falta de rendición de cuentas sobre su destino final.
La partida 449 ha sido históricamente una de las más controversiales dentro del presupuesto nacional, debido a que su naturaleza confidencial impide conocer con precisión qué dependencias la ejecutan, bajo qué criterios y con qué resultados. Durante la actual administración, el discurso oficial ha girado en torno a la lucha contra la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos; sin embargo, la ejecución total de este fondo reservado ha generado críticas desde distintos frentes.
Desde el Congreso Nacional, diputados de oposición como Maribel Espinoza y Jorge Cálix señalaron que el uso completo de la partida confidencial contradice las promesas de transparencia hechas por el oficialismo. Espinoza manifestó que, si bien la ley contempla estos fondos, “no se puede seguir utilizando el argumento de la confidencialidad para evadir cualquier tipo de control político y social”, al tiempo que exigió que el Legislativo reciba al menos informes generales sobre el destino de los recursos.
Organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reiteraron su preocupación por la falta de controles visibles sobre este tipo de partidas. El CNA recordó que, aunque no se divulgue información sensible, es posible establecer esquemas de supervisión institucional que garanticen que los recursos no se desvíen ni se utilicen con fines políticos.
El tema cobra mayor relevancia en un año preelectoral, donde la confianza en las instituciones públicas se convierte en un factor clave. Para diversos sectores, la ejecución total de la partida confidencial en 2025 refuerza la necesidad de una reforma integral al sistema presupuestario, que limite la discrecionalidad y fortalezca la rendición de cuentas.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre los criterios específicos que motivaron el uso completo de la partida 449. La discusión sigue abierta y promete escalar en el debate político nacional, en medio de crecientes exigencias ciudadanas por mayor transparencia y claridad en el manejo de los recursos del Estado.
