Tegucigalpa, Honduras.–
El Congreso Nacional de Honduras, presidido durante cuatro años por Luis Redondo, concluye su período envuelto en fuertes cuestionamientos, denuncias formales y una profunda desaprobación ciudadana, luego de que mediciones internacionales lo colocaran entre los parlamentos con mayores niveles de corrupción a nivel mundial.
De acuerdo con evaluaciones del World Justice Project (WJP), el Poder Legislativo hondureño registró un deterioro sostenido en el indicador de Ausencia de Corrupción durante la gestión de Redondo, situándose en los últimos lugares del ranking global. Dicho indicador mide prácticas como sobornos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos en los distintos órganos del Estado.
Luis Redondo asumió la presidencia del Congreso con el respaldo político de Salvador Nasralla, quien en su momento lo presentó como una figura capaz de romper con viejas prácticas de corrupción e impunidad. Sin embargo, su posterior alineamiento con Libertad y Refundación (Libre) marcó una ruptura política que, según diversos sectores, derivó en una gestión caracterizada por conflictos, parálisis legislativa y decisiones controversiales.
El rechazo ciudadano hacia su administración fue tal que Redondo no logró la reelección como diputado, un hecho inédito desde que inició su carrera parlamentaria en 2014. Su salida del Congreso, este 20 de enero, coincide con uno de los peores momentos de credibilidad para el Legislativo hondureño.
Malos resultados sostenidos en el índice de corrupción
Según los datos del World Justice Project, Honduras ocupó posiciones críticas en la subcategoría correspondiente al Poder Legislativo. En 2022 se ubicó en el puesto 131 de 140 países evaluados; en 2023 descendió al lugar 132 de 142; en 2024 cayó al 133 y en 2025 cerró en la posición 136 de 143 naciones analizadas.
Estas cifras colocan al Congreso hondureño como uno de los más corruptos de América y el tercero peor evaluado en Centroamérica, únicamente superado por Guatemala y El Salvador. A nivel continental, Honduras se posiciona como el quinto país con peor desempeño legislativo en materia de corrupción.
El WJP explica que una puntuación cercana a cero refleja altos niveles de corrupción institucional, mientras que valores cercanos a uno indican mayor apego a la legalidad y transparencia. En el caso hondureño, el Legislativo fue el poder del Estado con el peor desempeño durante los últimos cuatro años, incluso por debajo del promedio regional.
Denuncias, polémicas y concentración de poder
Durante la administración de Redondo, el Congreso estuvo marcado por la falta de consensos, escasa productividad legislativa y opacidad en el manejo de recursos. Entre los episodios más cuestionados figura la aprobación de la Ley de Amnistía Política, así como la distribución masiva de subvenciones y subsidios.
El presidente del Legislativo fue denunciado en varias ocasiones ante el Ministerio Público. En 2023, enfrentó señalamientos por abuso de autoridad tras ordenar la publicación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin contar con la ratificación del pleno. En 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo acusó de administración desleal por el manejo de más de 314 millones de lempiras en subvenciones. Un año después, fue denunciado nuevamente por suspender una sesión legislativa clave relacionada con el Tratado de Extradición con Estados Unidos.
Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, la gestión de Redondo representa “la peor en la historia del Congreso Nacional”, señalando que desde su juramentación —sin alcanzar la mayoría simple que establece la ley— se configuró un patrón de irregularidades.
El diputado liberal Carlos Umaña también cuestionó la estructura de poder del Legislativo, calificando la Ley Orgánica del Congreso como excesivamente presidencialista. A su criterio, el manejo de fondos como el Fondo Departamental y otros mecanismos de subvención convierten al Congreso en un foco de poder económico difícil de controlar.
Responsabilidad colectiva y desafíos del nuevo Congreso
Desde la sociedad civil, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, advirtió que la crisis del Congreso no es atribuible únicamente a su presidente, sino al conjunto de diputados que priorizan intereses particulares sobre el bien común.
Acevedo señaló que la corrupción se expresa también en la inacción legislativa y en la falta de debate sobre temas fundamentales como la lucha contra la impunidad. Para él, el ausentismo y la no participación son decisiones políticas que afectan directamente a la democracia.
De cara al nuevo Congreso Nacional para el período 2026-2030, diversos actores coinciden en la necesidad de reformas profundas. Entre ellas, modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eliminar privilegios como el antejuicio y derogar normas que blindan penalmente a los diputados.
Analistas y legisladores consideran indispensable que el Congreso se concentre exclusivamente en su función de legislar y deje de administrar recursos públicos que, según denuncias, han sido utilizados con fines clientelares.
La salida de Luis Redondo marca el cierre de una etapa ampliamente cuestionada y abre un desafío mayúsculo para los nuevos diputados: recuperar la credibilidad del Poder Legislativo y responder al mensaje de las urnas, que castigó a buena parte de los congresistas salientes por su falta de resultados y señalamientos de corrupción.
