Tegucigalpa, Honduras – 3 de marzo de 2026
El Gobierno de Honduras confirmó la intervención de al menos siete instituciones estatales señaladas por presuntas irregularidades administrativas, “planillas fantasmas” y deficiencias en el cumplimiento de sus funciones, en un proceso que busca reordenar el aparato público y reducir el gasto innecesario.
El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, informó que entre las entidades que serán sometidas a revisión se encuentran el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Ferrocarril Nacional de Honduras, Educrédito y el Empresa Nacional de Energía Eléctrica, específicamente su Programa Nacional de Pérdidas.
Según el funcionario, estas instituciones manejan presupuestos elevados, pero no están brindando resultados acordes a las necesidades de la población hondureña.
“Son instituciones que no están dando el ancho de respuesta que el pueblo hondureño necesita. Entonces hay que poner orden, reducirlas y eficientarlas”, manifestó Argueta.
Señalamientos de empleados que no trabajan
Uno de los casos que más llamó la atención fue el del SANAA, descrito por el Gobierno como una institución con una alta cantidad de empleados que, presuntamente, no cumplen funciones productivas. Además, Argueta reveló que en la Secretaría de Infraestructura y Transporte se detectaron alrededor de 300 personas que nunca se presentaron a laborar.
En otra dependencia se identificaron 620 empleados cuya función real era desconocida, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles actos de malversación de fondos públicos.
El vocero gubernamental subrayó que la presencia de empleados “fantasma” no solo representa una carga financiera para el Estado, sino que podría derivar en responsabilidades penales para quienes resulten implicados.
Ahorro millonario y reestructuración
Argueta destacó que durante el período anterior del Consejo de Ministros (PCM) se logró un ahorro de aproximadamente 700 millones de lempiras mensuales gracias a procesos de depuración y reordenamiento institucional.
El nuevo plan contempla no solo la intervención de entidades con bajo rendimiento, sino también la supresión de secretarías con funciones duplicadas, particularmente algunas vinculadas a vivienda y programas de seguimiento adscritos a la Secretaría del Ministerio de la Presidencia.
La revisión incluirá auditorías para determinar cómo se están utilizando los recursos, identificar duplicidad de funciones y optimizar procesos internos, con el objetivo de garantizar mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.
Reubicación de personal y respeto a derechos
El secretario de Comunicaciones aseguró que parte del personal será reubicado en otras instituciones donde exista necesidad operativa, mientras que a quienes no continúen en la administración pública se les respetarán sus derechos laborales conforme a la ley.
“No solo es eficientar las que se suprimen, todas las instituciones tienen que dar el ancho que el pueblo hondureño espera con su dinero”, reiteró.
Transparencia y combate a la corrupción
El proceso de intervención, según el Gobierno, no se limita a un ajuste administrativo, sino que forma parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción dentro del Estado. Las autoridades no descartan que, tras las investigaciones, se presenten requerimientos fiscales si se comprueba la existencia de delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos.
Con esta medida, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de firmeza frente a prácticas irregulares y responder a las críticas ciudadanas sobre el manejo de recursos estatales, en un contexto donde la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas se mantiene como una de las principales demandas sociales en Honduras.
