El excanciller de Honduras Enrique Reina aprobó un reglamento que le permite obtener un pasaporte diplomático vitalicio y la disposición también amplía el beneficio a otros exfuncionarios y a sus cónyuges.
Tegucigalpa, Honduras – 9 de marzo de 2026.
El debate sobre los privilegios otorgados a exfuncionarios del Estado volvió a instalarse en la agenda política nacional luego de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunciara que el Legislativo promoverá una iniciativa para eliminar el reglamento que permite otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios, una medida que calificó como un “exceso y abuso” contra los intereses del país.
La postura del titular del Poder Legislativo surge tras conocerse que el excanciller hondureño Enrique Reina aprobó, pocos días antes de dejar el cargo, un reglamento que abre la puerta para que él mismo y otros exfuncionarios del servicio exterior puedan obtener un pasaporte diplomático de carácter permanente.

Iniciativa para revertir la normativa
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Zambrano adelantó que el Congreso impulsará las acciones necesarias para eliminar dicha disposición, argumentando que los beneficios diplomáticos deben estar estrictamente ligados al ejercicio activo de funciones públicas.
Según explicó, los cargos dentro del aparato estatal son de naturaleza temporal y, por lo tanto, los privilegios asociados a estos también deberían terminar cuando concluye el mandato de los funcionarios.
“El Congreso Nacional va a acompañar la eliminación de ese reglamento porque no es más que un exceso y un abuso. Los cargos públicos son transitorios y cuando concluyen también deben terminar los beneficios asociados”, expresó el presidente del Legislativo.
El parlamentario insistió en que no es correcto que exfuncionarios mantengan documentos diplomáticos una vez que dejan sus responsabilidades en el Estado, subrayando que estos deben ser devueltos al finalizar su período en la administración pública.
Llamado a devolver pasaportes diplomáticos
Zambrano también hizo un llamado a exfuncionarios de todas las fuerzas políticas para que entreguen cualquier pasaporte diplomático que aún mantengan tras haber concluido sus funciones el pasado 27 de enero.
El legislador señaló que la medida debe aplicarse sin distinción partidaria y mencionó incluso a miembros de su propia fuerza política.
“Si hubiera diputados del Partido Nacional que tienen pasaportes diplomáticos y ya terminaron sus funciones, deben devolver ese documento”, manifestó.
La iniciativa legislativa, según adelantó, busca establecer con mayor claridad que este tipo de documentos oficiales solo pueden ser utilizados por funcionarios que se encuentren en ejercicio activo de cargos que requieran representación diplomática o estatal.
Polémica por reglamento aprobado en la Cancillería
La controversia se intensificó luego de revelarse que el excanciller Enrique Reina aprobó un reglamento interno dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que permitiría conceder pasaportes diplomáticos vitalicios no solo a exfuncionarios del servicio exterior, sino también a sus cónyuges.
La disposición fue emitida pocos días antes de su salida del cargo y ha generado críticas en distintos sectores, que cuestionan la legalidad y pertinencia de extender este tipo de privilegios de forma permanente.
El pasaporte diplomático es un documento que tradicionalmente se otorga a funcionarios que representan al Estado en misiones oficiales, permitiéndoles acceder a ciertos beneficios y facilidades en el ámbito internacional.
Expertos cuestionan legalidad del reglamento
La abogada Ruth Lafosse abordó el tema durante su participación en el noticiero 30/30, donde explicó que la disposición aprobada por el excanciller corresponde únicamente a un reglamento administrativo y no a una ley secundaria aprobada por el Congreso Nacional.
De acuerdo con Lafosse, esta condición jurídica significa que el reglamento podría ser derogado directamente por la actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Mireya Agüero.
La jurista sostuvo que el mecanismo utilizado para aprobar el beneficio genera cuestionamientos legales y éticos, señalando que este tipo de privilegios deben estar vinculados exclusivamente al ejercicio activo de funciones públicas.
“Los pasaportes diplomáticos están diseñados para personas que desempeñan funciones dentro del Estado. No deberían entregarse a quienes ya no tienen responsabilidades oficiales”, explicó.
Críticas por supuestos privilegios indebidos
Lafosse fue más allá en su análisis y calificó la decisión como una “oficialización del abuso del poder”, argumentando que la medida recuerda prácticas propias de sistemas de privilegios permanentes.
A su juicio, la ampliación de estos beneficios incluso a cónyuges de exfuncionarios refuerza la percepción de que se trata de una decisión desproporcionada.
La abogada describió la normativa como “inaudita” y sostuvo que este tipo de medidas generan un mensaje negativo para la institucionalidad del país.
Debate abierto en el ámbito político
La polémica sobre los pasaportes diplomáticos vitalicios abre ahora un nuevo capítulo de discusión en el Congreso Nacional y en el ámbito político hondureño.
Mientras desde el Legislativo se impulsa una iniciativa para eliminar el reglamento y limitar los privilegios diplomáticos a funcionarios en ejercicio, sectores legales y políticos coinciden en que la decisión final dependerá tanto de la voluntad del Congreso como de las acciones administrativas que pueda tomar la Cancillería.
Por ahora, el tema continúa generando debate público sobre los límites de los beneficios que pueden otorgarse a exfuncionarios y la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre el uso de documentos oficiales del Estado.





