Por: Julio Raudales*
A propósito de la negociación que se está llevando a cabo para alcanzar un acuerdo sobre el incremento al salario mínimo, el secretario de Trabajo y Previsión Social expresó que en Honduras “lo importante es incentivar la creación de fuentes de empleo formal, ya que es esta la vía para reducir pobreza e incrementar el bienestar.”
Muy bien dicho, aunque pareciera que, en Honduras, la política laboral se reduce únicamente a las negociaciones que cada cierto tiempo llevan a cabo empresarios, trabajadores y gobierno para determinar en cuánto debe aumentar el salario mínimo.
Hace unos años, una mesa de negociación tripartita acordó incrementos bianuales al salario mínimo y esto se tomó como “uno de los grandes logros del país en materia de negociaciones”.
Dicha aseveración es más bien contumaz. Es evidente que cuando los gobiernos empuñan los aumentos al salario mínimo como bandera de sus “logros”, lo hacen desde una perspectiva populista. Hay al menos cuatro argumentos que explican el por qué.
Lo primero es que en Honduras, un 33% de personas mayores de 18 años deciden no buscar empleo, es decir, llegan a la triste conclusión de que es preferible no trabajar porque no encuentran una actividad que llene sus expectativas económicas y personales. En otras palabras, más de dos millones de adultos están totalmente inactivos o realizan actividades que no generan ingresos, ya sea porque no tienen incentivos o por atavismos culturales como los que impiden a la mujer buscar trabajo fuera del hogar.
Lo segundo es que el salario mínimo solo beneficia a una minoría. En efecto, según el INE, de la población trabajadora, que son unos 4 millones de personas, solo el 46% (menos de la mitad) lo hace por un sueldo, el resto trabaja por su cuenta. No hace falta decir, que los incrementos al salario mínimo acordados por el gobierno, la empresa privada y los gremios obreros, solo benefician a la población asalariada. Los “cuentapropistas” no tienen ninguna ventaja de estos arreglos.
Un dato importante es que, a pesar de la obligatoriedad de pagar el salario mínimo, muchos evaden su cumplimiento principalmente porque el Estado carece de instrumentos eficaces de regulación para garantizar que los patronos cumplan y los trabajadores prefieren no denunciar, ya que temen quedar sin su empleo. Así es que, según el INE, del total de trabajadores asalariados, la tercera parte gana menos que el salario mínimo vigente. Esto es grave, especialmente en el área rural.
Vale la pena preguntarse: ¿Si ya hay un buen número de empleados que gana menos que el salario mínimo, será que su aumento desmesurado hará que las empresas contraten más personas y por tanto haya un mayor número de trabajadores ganándolo? Seguramente no.
Lo tercero es el volumen de crecimiento en el trabajo informal y los bajos ingresos de estas personas. Es interesante saber que, del total de trabajadores por cuenta propia, solo una tercera parte tiene un ingreso superior a L 8,000; eso explica en buena medida nuestra profunda situación de pobreza.
Por otro lado, un salario mínimo muy elevado, provoca desplazamiento de trabajadores hacia la informalidad. Es decir, si hoy hay 3,000 vendedores de achinería en el Mercado San Isidro, posiblemente muy pronto habrá 4,000 y esto hará que haya menos venta para todos.
Por último, hay que recordar el efecto que el aumento tendrá sobre las finanzas del gobierno. Existen gremios privilegiados que tienen indexados sus salarios, por lo que una negociación leonina se podría revertir contra los trabajadores en forma de más impuestos.
¡En fin! Queda claro que, si el salario mínimo está por encima de la capacidad productiva de los trabajadores, será mayor el número de personas forzadas a permanecer desempleadas o inactivas, podría darse una escalada de precios y seguramente el gobierno se verá forzado a cobrar mayores impuestos lo cual afectará a los más pobres.
Es evidente que un incremento de este tipo trae más daños que beneficios a la sociedad en conjunto.
Lo ideal es que los empresarios y trabajadores adquieran conciencia de las ventajas sociales de una actitud responsable. El bienestar no se genera por decreto, debe haber responsabilidad corporativa y un buen esfuerzo para ser más productivos. Solo así conseguiremos mayor riqueza y bien común.
*Rector de la Universidad José Cecilio del Valle.
