Tegucigalpa, Honduras.— El escenario político hondureño entra en una fase de alta tensión luego de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asegurara que el juicio político contra funcionarios del sistema electoral es prácticamente un hecho, siempre y cuando se consolide la mayoría calificada requerida en el Legislativo.
El titular del Parlamento afirmó que, al contar con los 86 votos necesarios, la aplicación de esta figura constitucional sería “casi inevitable”, subrayando que la intención no responde a intereses de persecución política, sino a la necesidad de sentar precedentes en el ejercicio de la función pública.
Según Zambrano, la medida busca evitar que posibles abusos de poder queden impunes, especialmente en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el desarrollo de procesos electorales recientes. El funcionario sostuvo que algunos actores “atentaron y boicotearon el proceso electoral”, lo que, a su criterio, justifica la activación del juicio político como mecanismo de control institucional.
Mayoría legislativa allana el camino
La viabilidad del proceso ha cobrado fuerza tras confirmarse desde sectores del Partido Nacional que ya se habría alcanzado el respaldo de los 86 diputados necesarios para impulsar el procedimiento en el pleno del Congreso Nacional.
El diputado Kilvett Bertrand aseguró que este consenso es el resultado de negociaciones entre distintas bancadas y actores políticos, lo que coloca al Legislativo en un momento decisivo. No obstante, aún se analiza el momento estratégico para presentar formalmente la moción.
Este requisito numérico es clave, ya que la legislación hondureña establece que, de no alcanzarse los votos en una primera votación, el proceso no podría retomarse hasta la siguiente legislatura, lo que incrementa la presión política sobre los promotores de la iniciativa.
Un precedente en la institucionalidad
El eventual juicio político marcaría un hecho histórico en Honduras, ya que esta figura, aprobada en 2012, no ha sido aplicada en la práctica con la magnitud que ahora se plantea.
El Congreso Nacional se prepara para una de las decisiones más trascendentales de la actual legislatura, en la que no solo estará en juego la continuidad de funcionarios señalados, sino también el equilibrio institucional del país en los próximos años.
