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Tierra sin ley entre Colombia y Venezuela

GRUPOS ARMADOS

Es una región sin ley, en manos de guerrillas que pelean a muerte el control del territorio, limítrofe con Venezuela.

El ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación) desde el 2018, y ahora también las disidencias del Frente 33 de las FARC, han convertido los 11 municipios del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, en su teatro de operaciones.

Para confrontarlos, el Estado cuenta con unas instituciones escuálidas, incapaces de cumplir sus misiones constitucionales. Y si bien las Fuerzas Militares están aumentado su fuerza en 5.600 nuevos efectivos, no son la solución para superar la crisis profunda que vive la zona, agravada por la masiva llegada de emigrantes venezolanos, también víctimas del fuego cruzado. Sin dejar de lado que ocupa el segundo lugar en siembra de coca de Colombia, con 28.000 hectáreas, según la ONU, además de ser fuente importante de producción petrolera.

Son algunas conclusiones que se pueden extraer del informe que Human Rights Watch presentó ayer en Bogotá sobre una de las áreas más conflictivas de Colombia, donde viven 300.000 habitantes, además de unos 25.000 venezolanos. Si bien aporta un listado de recomendaciones al gobierno, factibles unas y poco aterrizadas, otras, dibuja un horizonte colmado de nubarrones.

///PARA INTER////Agosto 2019. firma: Salud Hernández-Mora. informe de...
Un soldado colombiano vigila el lugar donde una comisión judicial fue atacada el pasado mayo en Tibú (Catatumbo), causando dos muertos. La principal hipótesis responsabiliza al ELN. SALUD HDEZ.-MORA

«Los grupos armados han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos», afirma el estudio titulado «La Guerra del Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noroeste de Colombia».

Aunque no todos los crímenes tienen relación directa con el conflicto entre las guerrillas, la tasa anual de homicidios es «de casi 79 por cada cien mil habitantes, aproximadamente tres veces la nacional». El año pasado asesinaron a 231 individuos y «datos preliminares indican que de enero a junio de 2019 van 114», afirma el documento. Entre los fallecidos, cabe anotar catorce defensores de DDHH y líderes sociales desde 2017. Rechazar los cultivos de coca o manifestar lo que sea en contra de los grupos armados, supone con frecuenciarecibir amenazas, emprender el éxodo o morir acribillado a balazos. «Catatumbo es una de las regiones más peligrosas de Colombia para quienes se atreven a alzar la voz en nombre de sus comunidades», reza el informe.

A las cifras anteriores habría que agregar los 189 procesos sobre «desapariciones forzadas» desde 2017 que llevan los fiscales. Tenerlos en sus despachos no significa que los resuelvan. La falta de justicia es otro mal que aborda HRW.

El caso de Henry Pérez, que cita el informe y este diario conoce desde que desapareció en enero del 2016, es uno de tantos donde las propias familias son las que llevan el grueso de las averiguaciones. Las autoridades, conscientes de sus limitaciones en el terreno, suelen mandar el expediente a un cajón.

«Una falencia clave es el escaso número de funcionarios en el Catatumbo encargados de investigar y procesar delitos. Asimismo, los riesgos imposibilitan que los fiscales e investigadores visiten zonas rurales y obtener declaraciones de testigos y familiares de víctimas, quienes además temen sufrir represalias por colaborar», puntualiza.

Pintadas de las FARC en un local del Catatumbo.SALUD HDEZ.-MORA

De ahí que HRW proponga, entre otras recomendaciones, que la Fiscalía disponga de más horas de vuelo de helicóptero para desplazar a sus equipos y evitar peligros. Pero luego chocarían con la ley del silencio que imponen las bandas terroristas. Y tampoco hay medios suficientes para tantas diligencias en un territorio selvático, montañoso, con una frontera porosa, y extenso. La comisión que sufrió un atentado con explosivos en mayo pasado, en Tibú (ver foto), iba escoltada por militares y policías y acudían a una simple inspección por una disputa privada de una finca.

El informe menciona el reclutamiento de niños, incluso desde los 12 años. «En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero».

También alistan a venezolanos, aunque son muchos más los que se asientan en el Catatumbo para trabajar en los cocales. Al tratarse de un departamento donde abundan los pasos ilegales entre las dos naciones, cada día aumenta el flujo de migrantes. «Varios venezolanos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual», dice el documento, y agrega que hay pequeñas que se dejan violar por 5.000 pesos (1.5 euro).

De ahí que no sorprenda que para José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de HRW, los migrantes queden «atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de su país».