Un informe divulgado este miércoles por el observatorio de violencia política Urnas Abiertas revela que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ejecuta “nuevas formas de violencia política y terror” contra la disidencia del país, desde las elecciones generales de noviembre pasado, en las que el mandatario fue reelegido para su quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.
El informe señaló que, a las agresiones físicas, amenazas y arrestos arbitrarios, denunciados desde abril de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica, se han sumado la “retención migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, o persecución al sector cultural y a la Iglesia católica”.
Urnas Abiertas, compuesto por un equipo de nicaragüenses expertos en temas de política y economía, también subrayó la “eliminación de la autonomía universitaria, hostigamiento con propiedades, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, migración forzada: arriesgar la vida al migrar, impunidad y denegación de justicia”, señaló.
LOS “OPERADORES DEL TERROR”
El documento identificó como “operadores del terror” a “los agentes policiales”, así como a los funcionarios del “Sistema Penitenciario, Sistema de Justicia, Asamblea Nacional, Dirección de Migración y Extranjería, alcaldías y civiles, entre otros”.
La crisis se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
