El anuncio sobre la construcción de la una megacárcel en las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de tierra firme al norte de Honduras, concita la oposición de sectores que alertan sobre el terrible impacto ambiental, e incluso otros se atreven a mencionar que podría ser la base militar de un país asiático.
Los sectores políticos de oposición aseguran que la cárcel no se construirá y que es otra de las cortinas de humo que utiliza el gobierno para desviar la atención a los grandes problemas del país.
“Este pueblo lo que quiere es que este gobierno se vaya, ya no podemos seguir buscando solo distractores. Aquí distraen con Palmerola, distraen con Islas del Cisne… lo que está afectando a la ciudadanía es el precio de la canasta básica”, reclamó el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano.
Biólogos confirman incompatibilidad
La construcción de la “Alcatraz hondureña” en el Caribe tendrá un impacto significativo en la existencia de un ecosistema terrestre único en todo el territorio nacional, destacó el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) mediante un pronunciamiento donde externó su “gran preocupación” ante la propuesta gubernamental.
“Un centro penal en las Islas del Cisne no es ambientalmente sostenible y representa más amenazas a corto y mediano plazo que soluciones a largo plazo”, estiman los biólogos hondureños que alientan a la población hondureña y manifestarse en contra del desarrollo de este proyecto atentatorio contra el ecosistema.
¿Base militar de un país asiático?
El profesional del derecho Fernando González considera que a través de los análisis ambientalistas y económicos que se tendrían que hacer lo que se construya en la Islas del Cisne, “puede quedar inclusive después como una base militar de un gran país de Asia”.
Y es que el abogado señala que si la pretensión del gobierno, como lo expresó en las últimas horas el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, es trasladar en una primera etapa a unos 2,000 reos, a esta cantidad de personas hay que sumarle los guardias, con lo que el daño ambiental a un sitio protegido sería grave.
“No soy ambientalista, pero la lógica le dice a usted que si son 2,000 reos por lo menos habrá un 10 % de guardias, cuántos palancazos diarios habrá en inodoros, por lo menos 6,600 diarios”, por lo que cuestionó, a dónde irán esos desechos. Si es al mar, González recordó que esta zona es protegida.
Para el profesional de derecho, la idea de una cárcel en ese sitio es descabellada, e indicó que el gobierno debería pensar en alternativas en tierra firme. Por eso, dijo que “en ese sentido se debe de pensar de manera más amplia”.
