La Unión Europea extendió un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las sanciones a Nicaragua, por la “deteriorada situación política y social” que vive el país.
Las sanciones, que se aprobaron por primera vez en 2019, afectan actualmente a un total de 23 personas y a tres entidades, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega.
Ninguno de ellos tiene permiso para entrar a los países comunitarios y se les han congelado los bienes y activos que tengan en entidades de la UE.
“La crisis política actual en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”, dijo en un comunicado la UE.
Los Veintisiete han denunciado en diversas ocasiones la crisis política que se vive en Nicaragua y no han reconocido el resultado de las elecciones generales que se celebraron en el país centroamericano -en las que ganó Ortega- por considerar que no se respetaron los estándares democráticos.
