sábado, julio 20, 2024

Campesinos del Bajo Aguán interponen un recurso de inconstitucionalidad en la CSJ

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El Bloque de Organizaciones campesinas del Bajo Aguán llegaron a Tegucigalpa para protestas e interponer un recurso de inconstitucionalidad en al Cortes Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la Ley de Modernización Agrícola.

Cientos de campesinos salieron desde la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), hasta la CSJ, llevando mantas y entonando muchas consignas.

Ellos exigen al gobierno que cumplan algunas promesas que fueron firmadas, pero que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades del gobierno central.

Ellos han señalado esto como “una crisis agraria y los desalojos” que se están realizando constantemente ya que han señalado que tiene el derecho a una tierra para vivir y trabajar.

El Bloque Popular Campesino Indígena que llegó a interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la CSJ en contra de la Ley de Modernización Agrícola.

Ellos exigen que el gobierno les cumpla las promesa que les plasmo en papel el año pasado, así como el cese a la violencia y respeto a sus derechos.

El abogado Víctor Fernández es el apoderado legal de esta organización y fue quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad.

“Hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en contra parte de la Ley de Modernización Agrícola, tres decretos y un acuerdo Ejecutivo que va en contra de la Reforma Agraria”, declaró.

Fernández, señaló que la Ley de Modernización Agrícola permite el latifundio en el país cuando la Constitución de la República lo prohíbe.

Indicó que la Constitución manda a que en el campo opere la justicia social, sin embargo, la forma que ha venido operando el agro a través de estas reformas es profundizar la crisis en el campo, la desigualdad, criminalización y persecución de la gente.

Además, pidió a la Sala de lo Constitucional que priorice en resolver otro recurso enfocado en contra del decreto 93-2021 y explicó que este decreto autoriza los desalojos preventivos y establece la figura penal de la usurpación.

Fernández mencionó que con la declaración de inconstitucionalidad de este decreto evitara que familias sean desalojadas, se apliquen órdenes de capturas a personas y destruyan los cultivos.

 

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