Tegucigalpa, 17 de junio de 2024 – En un reciente análisis sobre la situación fiscal de Honduras, Liliam Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó una preocupante tendencia: la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas jurídicas ha experimentado una fuerte caída de 70 millones de lempiras en términos nominales. Este descenso, reportado en los últimos datos del Banco Central de Honduras, refleja una desaceleración económica significativa que comenzó a notarse desde finales del año pasado.
Rivera explicó que, aunque la recaudación global de impuestos no ha disminuido de manera alarmante, la situación específica del ISR sugiere que las empresas hondureñas están enfrentando serias dificultades. «Esto se traduce en que las empresas están vendiendo menos y, por ende, facturando menos, lo cual afecta los ingresos gravables», puntualizó la especialista.
El impacto de esta tendencia no es menor, dado que el 63 por ciento del Presupuesto de la Administración Central depende de los ingresos tributarios. La caída en la recaudación del ISR es particularmente preocupante porque puede limitar la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales y proyectos de desarrollo.
Los datos del Banco Central también reflejan un crecimiento económico a un ritmo más lento, lo que coincide con la reducción en la actividad económica. Este panorama sugiere que el sector empresarial enfrenta retos significativos, y la disminución en los ingresos por ISR es un síntoma de una menor demanda y consumo en el mercado.
La ASJ, a través de la voz de Rivera, subrayó la necesidad de un seguimiento más riguroso de los ingresos fiscales para mitigar los efectos de la desaceleración económica y garantizar la estabilidad financiera del país. «El seguimiento de los ingresos fiscales es crucial para mantener la operatividad del presupuesto estatal y la sostenibilidad de los programas públicos», añadió.
La situación exige una respuesta coordinada entre el sector privado y las autoridades gubernamentales para identificar y aplicar estrategias que puedan revitalizar la economía y asegurar una recaudación tributaria sostenible. La evaluación continua y la adaptación a las condiciones económicas cambiantes serán claves para enfrentar estos desafíos y proteger la estabilidad fiscal del país.
