19 de noviembre de 2024
El Ministerio Público ha rechazado contundentemente la solicitud de cambiar el delito imputado al juez Marco Vallecillo, quien enfrenta graves acusaciones por extorsión. Según informó Yuri Mora, portavoz del ente acusador del Estado, la defensa privada del juez había solicitado recalificar el delito de extorsión a concusión, una figura penal que implica penas significativamente menores.
“El Ministerio Público no ha aceptado el procedimiento abreviado y, como hubo una apelación, la Dirección de Fiscales está realizando un análisis para emitir un pronunciamiento definitivo”, explicó Mora. Además, destacó que las pruebas reunidas por los fiscales son suficientes para demostrar que el juez Vallecillo cometía extorsión, un delito que conlleva penas de 15 a 20 años de prisión, frente a los 1 a 3 años que podría implicar una condena por concusión.
Irregularidades en la Petición
Por su parte, Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados, aclaró que la solicitud de recalificación del delito no fue presentada ante el tribunal, sino directamente ante el Ministerio Público, lo que derivó en la suspensión de la audiencia preliminar programada para el día de hoy.
El caso también implica a otros dos abogados: Nelson Omar Sierra y Reinaldo Leiva Suazo, este último actualmente prófugo de la justicia. Los tres enfrentan acusaciones por extorsión en un esquema que, según la investigación, utilizó la amenaza de acciones legales para extorsionar a un testigo protegido.
El Esquema de Extorsión
La investigación fue iniciada tras la denuncia de un testigo protegido, quien relató cómo los implicados lo presionaron bajo la amenaza de que la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) le presentaría un requerimiento fiscal. Según el testimonio, los acusados llegaron incluso a mencionar al fiscal general para dar credibilidad a sus demandas y exigir el pago de tres millones de lempiras a cambio de excluirlo del caso.
El juez Vallecillo Banegas, identificado como la figura central en este esquema, habría convencido al testigo de que mantenía reuniones con el fiscal general y que podía influir en las decisiones del Ministerio Público. Sin embargo, estas promesas eran parte de un plan orquestado para obtener el dinero de manera fraudulenta.
La Intervención de la ATIC
El 17 de agosto de este año, los implicados se reunieron en una estación de servicio en la salida al sur de Tegucigalpa para concretar la transacción. Fue en ese momento cuando un equipo de apoyo estratégico de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervino, logrando la detención en flagrancia de los acusados y el decomiso del dinero.
Futuro del Caso
El rechazo del Ministerio Público al cambio de delito refleja su compromiso de perseguir y sancionar las acciones que socavan la justicia y la confianza en las instituciones públicas. Mientras tanto, se espera que la Dirección de Fiscales emita pronto un pronunciamiento respecto a la apelación presentada por la defensa.
Con los elementos probatorios en su poder, la Fiscalía parece decidida a garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes por sus actos, en un caso que pone de relieve la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.
