El informe, derivado de un análisis documental, solicitudes de información, entrevistas, una encuesta de victimización y encuestas con expertos, indica que la tasa de victimización por extorsión pasó del 9 % en 2022 al 11.6 % en 2024.
El estado de excepción, iniciado el 6 de diciembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro como una «guerra contra la extorsión», ha sido prorrogado 16 veces y se ha convertido en un modelo de seguridad cuestionado por sus resultados limitados y su impacto en los derechos ciudadanos. A pesar de las medidas implementadas, tres de cada 10 hondureños se sienten menos seguros bajo esta política.
Sin embargo, mientras el número de hogares afectados sigue creciendo, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido significativamente. En 2021 se registraron 1,922 denuncias; pero en 2024, la proyección con los casos registrados hasta septiembre indica que el número descendería a 484. Las detenciones por este delito también reportarían una disminución, de 461 en 2021 a 175 en 2024.
En los últimos dos años, ocho departamentos del país, incluyendo Intibucá, Choluteca y Atlántida, han experimentado los mayores aumentos en tasas de victimización, con Intibucá liderando con un 18.22 %.
Preocupa además que, hasta septiembre de 2024, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción.
Por otra parte, según expertos consultados, de las 30 acciones contempladas en el Plan Antiextorsión, solo cinco han sido implementadas parcialmente, como la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. Sin embargo, acciones clave, como el fortalecimiento de unidades de inteligencia y reformas al Código Penal, siguen pendientes.
Ante los resultados de la medida, ASJ propone fortalecer y ejecutar el Plan Antiextorsión de manera integral, involucrando a todos los actores clave: Policía Nacional, fiscales, jueces, sector financiero, comunicaciones y sociedad civil.
Además, enfatiza en la necesidad de garantizar la protección de los derechos ciudadanos, poniendo fin al estado de excepción como medida permanente y restituyendo las garantías constitucionales, así como implementar estrategias que aborden las causas estructurales de la extorsión, fomentando la confianza en las instituciones y promoviendo la denuncia.
