Blindaje del Congreso Nacional genera controversia y reacciones
25 de enero de 2025
Tegucigalpa amaneció este sábado 25 de enero bajo un despliegue de seguridad sin precedentes en las inmediaciones del Congreso Nacional, con motivo de la instalación de la cuarta legislatura de este poder del Estado. Desde la madrugada, cientos de agentes policiales y militares tomaron el control de las calles que rodean el edificio legislativo, estableciendo estrictos anillos de seguridad y restringiendo la circulación en la zona.
Un cerco de seguridad inédito
El operativo de seguridad incluyó la instalación de cuatro anillos de protección alrededor del Congreso Nacional. El primero, ubicado en los portones de acceso al edificio, fue reforzado con la presencia de agentes especializados y sistemas de identificación para controlar el ingreso de personas debidamente acreditadas. Un segundo anillo fue establecido en los bajos del Congreso, mientras que el tercer y cuarto anillo se desplegaron en las calles adyacentes y en las principales salidas de Tegucigalpa y Comayagüela, respectivamente.
El dispositivo de seguridad también incluyó la instalación de dos torres de vigilancia, que fueron estrenadas especialmente para esta ocasión. Estas estructuras permitieron a los agentes monitorear posibles disturbios desde una perspectiva estratégica. Además, se colocaron puntos de control en zonas claves, como la esquina de la Tesorería General de la República, el semáforo del Parque Central y el acceso por Larach y Cía.
Impacto en la ciudadanía y reacciones
Aunque las autoridades justificaron las medidas como necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes y el órden en el evento, muchos ciudadanos expresaron su malestar. «No pudimos abrir nuestro negocio porque los clientes no tienen acceso. Esto nos afecta mucho en un día tan importante para nuestras ventas», comentó Oscar González, un comerciante del centro de Tegucigalpa.
Por su parte, grupos de oposición calificaron el despliegue como un acto de intimidación. «El Congreso Nacional pertenece al pueblo, y este cerco de seguridad lo convierte en un lugar inaccesible para los ciudadanos», declaró María Fernanda Ruiz, dirigente de una organización civil.
