Santa Bárbara, Honduras – 25 de febrero de 2025
Las terminales de transporte interurbano en Santa Bárbara amanecieron cerradas este martes, como respuesta al creciente cobro de extorsiones por parte de estructuras criminales en la región. Desde las primeras horas del día, un notable despliegue policial se hizo presente en la zona, ante el temor de posibles represalias contra los transportistas que decidieron suspender sus operaciones.
Las autoridades locales han instado a los afectados a presentar denuncias formales para poder emprender acciones legales contra los responsables. Sin embargo, el miedo a represalias ha limitado la colaboración de las víctimas. «Entendemos el miedo, pero si no hay denuncias formales, es difícil combatir este flagelo», manifestaron oficiales en el lugar.
El cierre de las terminales afecta a cientos de pasajeros que dependen del transporte interurbano para movilizarse dentro del departamento. Muchos usuarios se encontraron varados, sin opciones claras para continuar con sus actividades diarias.
Este incidente no es aislado. En las últimas semanas, varias empresas de transporte en Santa Bárbara han paralizado sus operaciones debido a amenazas y cobros de extorsión. A principios de febrero, las compañías Tima y Etimol, que cubren rutas como Peña Blanca-Las Vegas-El Mochito y Santa Bárbara-El Mochito respectivamente, detuvieron sus servicios por motivos similares.
El fenómeno de la extorsión ha alcanzado niveles alarmantes en Honduras. Según datos recientes, el sector transporte ha pagado entre 500 y 600 millones de lempiras en extorsiones durante el año 2023, lo que equivale a aproximadamente 50 millones de lempiras mensuales.
Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la presión económica que enfrentan los transportistas.
A pesar de las medidas implementadas por el gobierno, como el estado de excepción decretado en diciembre de 2022 con el objetivo de combatir la extorsión, empresarios del transporte urbano denuncian que este delito ha aumentado. Jorge Lanza, dirigente del transporte urbano, señaló que, desde la implementación del estado de excepción, no solo continuaron pagando la «renta» (extorsión), sino que la tarifa aumentó y surgieron nuevas bandas criminales.
La situación en Santa Bárbara es un reflejo de una problemática nacional que afecta a diversos sectores económicos y sociales. La extorsión, también conocida como «impuesto de guerra», es una práctica mediante la cual las pandillas exigen pagos a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, bajo amenazas de violencia. Esta actividad delictiva ha obligado a muchas empresas de transporte a cerrar temporalmente sus operaciones, dejando a la población sin opciones de movilidad y afectando la economía local.
Las autoridades continúan exhortando a la población a denunciar estos hechos, garantizando confidencialidad y protección a quienes decidan hacerlo. No obstante, la desconfianza y el temor prevalecen entre los afectados, quienes demandan soluciones efectivas y una mayor presencia de seguridad en las zonas más vulnerables.
Mientras tanto, los habitantes de Santa Bárbara enfrentan la incertidumbre y las dificultades derivadas de la paralización del transporte, esperando que se tomen medidas concretas para restablecer el servicio y garantizar la seguridad de todos.
