Managua, 27 de marzo de 2025 – 2:45 PM
En un nuevo giro que refuerza el dominio del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley que otorga a Daniel Ortega y Rosario Murillo la potestad de designar al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. La medida, que fue impulsada por la pareja presidencial, fue aprobada por unanimidad en una sesión expedita, consolidando así su control sobre el último eslabón del sistema judicial nicaragüense.
La nueva normativa, denominada Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, reemplaza a la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial y subordina el sistema de justicia al Poder Ejecutivo. Con su aprobación, la CSJ pasa a ser considerada un “órgano judicial” en lugar de un “poder del Estado”, reduciendo también el número de magistrados de 16 a 10.
Un sistema de justicia bajo control presidencial
De acuerdo con la nueva legislación, la Presidencia de la República será la encargada de nombrar al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes posteriormente serán juramentados por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista. Además, el Ejecutivo tendrá la facultad de designar a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un organismo que rige la organización interna del Poder Judicial.
La CSJ, que ahora estará compuesta por diez magistrados en equidad de género y sin cojueces, ya opera con seis vacantes tras la dimisión de cuatro jueces y el fallecimiento de otros dos. La nueva norma establece que los magistrados serán elegidos por un período de seis años por la Asamblea Nacional a partir de propuestas presentadas por la Presidencia o los diputados afines al oficialismo.
Pese a que la ley señala que los jueces y magistrados serán independientes en su función jurisdiccional y solo deberán obediencia a la Constitución y a la ley, los cambios recientes en la estructura del Estado han generado preocupación sobre el verdadero alcance de esa autonomía.
Adecuación a la nueva Constitución
El Ejecutivo defiende que la ley busca adecuar el sistema judicial a las reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 19 de febrero. Según el diputado sandinista Carlos Emilio López, la medida es un desarrollo natural de la nueva Constitución, que establece el marco legal para la administración de justicia en el país.
El legislador Edwin Castro destacó que la nueva norma garantizará que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dediquen exclusivamente a la resolución de casos, evitando que desempeñen funciones administrativas o políticas. Sin embargo, la creación de nuevas salas especializadas, como las de Familia en la CSJ y en los Tribunales de Apelaciones, indica una reconfiguración del sistema judicial bajo un esquema centralizado y controlado por el Ejecutivo.
Censura y vigilancia en los procesos judiciales
Entre los puntos más polémicos de la ley destaca la posibilidad de restringir el acceso de los medios de comunicación y del público a los procesos penales, según el criterio de la autoridad judicial. Esta disposición ha sido interpretada como una estrategia para limitar la transparencia y el escrutinio público sobre casos de interés nacional, especialmente aquellos relacionados con opositores al régimen.
Un paso más hacia el control total
La aprobación de esta ley se da en el contexto de una profunda reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo, la cual transformó el Estado nicaragüense eliminando el balance de poderes y otorgando un control absoluto al Ejecutivo. La reforma, que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y estableció la figura de la «copresidencia» para Rosario Murillo, también otorgó al Gobierno la capacidad de “coordinar” los órganos del Estado, que han dejado de ser considerados poderes independientes.
Además, la reforma constitucional legalizó la apatridia y creó nuevas estructuras de seguridad, como las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «Policía voluntaria», organismos que han sido catalogados por la oposición como cuerpos parapoliciales y paramilitares destinados a reprimir cualquier disidencia.
Reacciones nacionales e internacionales
La reforma judicial y la concentración del poder en manos de Ortega y Murillo han generado rechazo a nivel nacional e internacional. Organismos como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y el Gobierno de Estados Unidos han condenado estas medidas, señalando que erosionan la democracia y consolidan un régimen autoritario en Nicaragua.
Mientras tanto, sectores de la oposición y defensores de derechos humanos han alertado sobre el creciente debilitamiento de las garantías judiciales y la criminalización de la disidencia política en el país. En este panorama, la sociedad nicaragüense enfrenta un futuro donde la justicia estará cada vez más supeditada a la voluntad del Ejecutivo, sin posibilidad de independencia ni equilibrio de poderes.
