Oscar Lanza Rosales
En este gobierno del «socialismo democrático» están sucediendo hechos inéditos que debilitan aún más la institucionalidad y el Estado de Derecho, especialmente en el Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP) y el Congreso Nacional (CN). A continuación, destaco los más relevantes de los últimos días:
-La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán (CAPFM), por unanimidad, revocó el arresto domiciliario dictado por un juez de Letras contra los exjerarcas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.), Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez (todos mayores de 70 años). Se les ordenó prisión preventiva por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de tentativa, en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencía y de Alex Roberto Zavala Licona, respectivamente. De este modo, los imputados deberán regresar a la Penitenciaría Nacional de Támara. Se cree que la CAPFM, al hacerlo por unanimidad, actuó bajo presión.
-La reciente visita a Honduras del jurista español Roberto Viciano Pastor, experto en Derecho Constitucional y conocido por su influencia en las Asambleas Constituyentes de Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009), ha generado preocupación. Viciano redactó las Constituciones de esos países a la medida de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, dentro del marco del socialismo del siglo XXI. Él participó, el pasado 23 de marzo en el consejo de ministros convocado por la presidenta Xiomara Castro en Olancho. Posteriormente, se reunió con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, con quien firmó convenios para la capacitación del personal del Poder Judicial. Luego, se reunió con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para desarrollar un Máster en Derecho Electoral y Parlamentario. Esto ha levantado sospechas entre sectores de la oposición y analistas, quienes consideran que Libre estaría trabajando en secreto con expertos internacionales recomendados por el
Foro de São Paulo, para redactar una nueva Constitución similar a las de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Se especula que esto podría concretarse en agosto o septiembre de este año mediante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que Libre no tenga expectativas de triunfo con Rixi Moncada, en las elecciones generales.
-El Fiscal General de la República (FGR), Johel Antonio Zelaya, emitió el Memorando FGR-20-25 dirigido a todos los jefes de Fiscalías, estableciendo «Nuevas Directrices en el Funcionamiento de las Fiscalías». En este documento, se ordena que todos los expedientes listos para presentar requerimientos fiscales sean remitidos únicamente al subdirector de Fiscalías, Víctor Migdonio Carrasco, para su visto bueno final, excluyendo al director de Fiscalías, a quien lo deja como una figura decorativa.
Consultando a expertos en la materia, coinciden en que esta medida es ilegal y representa un abuso de autoridad. Además, atenta contra la independencia de los fiscales en el ejercicio de su cargo -según directrices de Naciones Unidas- y podría permitir la selección arbitraria de los casos a procesar y de los que serán engavetados.
La centralización del poder en el FGR, y las investigaciones que realizan, tanto ese organismo, como el Congreso Nacional sobre las irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo han generado especulaciones. Se cree que los resultados de ambas investigaciones podrían derivar en la destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. Si esto ocurre, el Congreso Nacional, a través de la Comisión Permanente que va a nombrar en su receso de medio año, podría designar en forma arbitraria, en vez de ella, a uno de los suplentes del CNE, ambos afines a Libre, lo que daría a este partido una ventaja de dos votos contra uno en el organismo electoral. De concretarse este escenario, se generaría un grave desequilibrio en el CNE, comprometiendo la transparencia de las elecciones generales.
Cabe recordar que esta centralización del poder en la FGR y la inclusión de dos suplentes en el CNE fueron concesiones otorgadas a Libre por los dirigentes de los Partidos Nacional y Liberal en una negociación política para legitimar la elección del actual Fiscal General.
Libre juega dos estrategias para perpetuarse en el poder: lograr cambios en el CNE a su favor o convocar a una Constituyente. Más del 70% de los hondureños que creemos en el fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho, estamos preocupados ante esas serias amenazas a nuestra democracia. Nos esperan tiempos difíciles hasta el 30 de noviembre, fecha de las elecciones generales. ¡Que Dios nos proteja!
