5 de abril de 2025
Por Redacción Internacional
Miami, EE.UU. — El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, exiliado en Estados Unidos desde 2019 por órdenes del Vaticano para preservar su seguridad, lanzó este viernes un contundente llamado a la comunidad internacional: procesar penalmente al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a más de medio centenar de altos cargos del régimen, por crímenes cometidos contra la población nicaragüense desde 2018.
El pronunciamiento del prelado, conocido por su firme defensa de los derechos humanos y su crítica constante al Gobierno nicaragüense, se dio luego de conocerse el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), una instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dicho grupo identificó a 54 altos funcionarios del Estado implicados en graves violaciones a los derechos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
“Al conocer los nombres y apellidos de quienes con brutalidad y desvergüenza han reprimido al pueblo de Nicaragua, la exigencia de justicia es mayor y más urgente”, escribió Báez en su cuenta oficial de X (antes Twitter), red social desde la cual mantiene una intensa actividad pastoral y de denuncia desde su exilio.
El obispo se refirió directamente a Daniel Ortega, de 79 años, en el poder desde 2007, y a Rosario Murillo, quien ha ejercido un rol político cada vez más protagónico y simbiótico con el poder presidencial. Ambos han sido señalados por organismos internacionales como arquitectos de una estrategia represiva que ha silenciado a la oposición, criminalizado la protesta ciudadana y expulsado al periodismo independiente y a miembros de la Iglesia Católica.
Báez fue más allá de la denuncia moral y espiritual: pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.
“Demasiado dolor, humillación y muerte han provocado”, sentenció. “Cada uno de ellos debe ser procesado y pagar por sus crímenes”.
Declarado traidor y desnacionalizado
Silvio Báez, una de las voces más respetadas y valientes dentro del clero nicaragüense, fue declarado “traidor a la patria” en febrero de 2023 por el régimen de Ortega, y despojado arbitrariamente de su nacionalidad junto con otros 93 opositores, entre ellos sacerdotes, defensores de derechos humanos, periodistas y exiliados políticos.
Desde su exilio en Miami, ha continuado su labor pastoral y ha sido un firme denunciante de lo que él llama una dictadura socialista y antidemocrática, encabezada por una pareja presidencial que, en su opinión, ha confiscado las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder a través del miedo, la represión y el control absoluto de las libertades públicas.
Informe de la ONU: crímenes sistemáticos
El informe presentado por el GHREN sostiene que los crímenes cometidos por el régimen no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática de persecución y represión estatal. Entre los 54 señalados figuran altos mandos policiales, jueces, fiscales, ministros, legisladores y miembros del Ejército.
La ONU ya había advertido en 2023 que el Estado nicaragüense estaba incurriendo en crímenes de lesa humanidad, pero esta es la primera vez que se publican nombres específicos con suficiente documentación para considerar su posible enjuiciamiento en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional.
Silencio oficial y creciente aislamiento
Hasta el momento, el régimen de Managua no ha respondido públicamente al nuevo informe del GHREN ni a las declaraciones del obispo Báez. Sin embargo, el Gobierno ha sostenido en el pasado que tales acusaciones son parte de una “campaña de desinformación y agresión imperialista” y ha rechazado la legitimidad de las comisiones de la ONU.
Nicaragua atraviesa una etapa de aislamiento diplomático creciente. Decenas de países han condenado la situación interna, mientras que miles de ciudadanos han salido al exilio. La Iglesia Católica ha sido especialmente golpeada: al menos 12 sacerdotes permanecen encarcelados, otros han sido expulsados y templos han sido clausurados por orden de las autoridades.
¿Un llamado a la acción internacional?
Las declaraciones del obispo Báez se suman al clamor de múltiples organizaciones de derechos humanos que piden una acción concreta de la comunidad internacional. A la fecha, si bien algunos funcionarios han sido sancionados individualmente con congelación de activos y restricciones de viaje por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no existe aún una acción judicial internacional coordinada contra el núcleo de poder en Nicaragua.
Para Báez, esa falta de justicia es inaceptable.
“No se trata de venganza, sino de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El pueblo nicaragüense merece vivir en libertad, sin miedo y con dignidad”, concluyó el obispo.
