Tegucigalpa. En entrevista con El Periódico de Honduras, el economista y especialista en finanzas y tributación, Walter Romero, quien formó parte de la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional, expresó con firmeza su rechazo a la propuesta de Ley de Justicia Tributaria promovida por el gobierno y respaldada por el oficialismo en el Congreso.
“La llaman ley de justicia, pero no tiene nada de justa”, afirmó Romero. “Es una propuesta punitiva, mal diseñada y profundamente ideologizada, que más que equilibrar el sistema fiscal, busca castigar al sector productivo del país. Y eso tiene consecuencias graves: pérdida de inversión, desempleo y más pobreza para el pueblo hondureño”.
Romero explicó que la propuesta no representa una política tributaria moderna ni progresiva. Al contrario, introduce disposiciones que generan incertidumbre jurídica, desincentivan al inversionista nacional y extranjero, y colocan una carga desproporcionada sobre quienes ya sostienen gran parte del aparato económico.
“El oficialismo insiste en imponerla, pero no entiende que Honduras necesita inversión, necesita producción, necesita estabilidad. Esta ley, en su estado actual, es una amenaza para todo eso. No tiene visión técnica ni criterio económico. Está construida sobre un discurso populista que busca enemigos en lugar de construir soluciones”, subrayó.
Consultado sobre el impacto económico, Romero recordó que “en un país donde más del 70% de la población vive en pobreza, y donde las micro y pequeñas empresas generan más del 60% del empleo, cualquier legislación que debilite el motor productivo termina afectando directamente a los hogares más vulnerables”.
También advirtió sobre el uso político del discurso tributario: “Se acerca el ciclo electoral, y vemos cómo el gasto público en subsidios aumenta, mientras se pretende castigar al que produce. No podemos permitir que el sistema tributario se convierta en un arma ideológica o de persecución”.
Finalmente, fue claro en su postura: “Estoy en contra de esta ley por todas las razones habidas y por haber. Frenarla no es defender privilegios, es defender el futuro económico de Honduras”, concluyó.
