Tegucigalpa, 4 de julio de 2025 – 8:30 AM
Un nuevo capítulo de violencia e impunidad sacude al transporte urbano en Honduras. Esta mañana, los conductores de la ruta Carrizal–Ulloa paralizaron completamente sus unidades en protesta por el persistente cobro de “cuotas” de al menos cuatro estructuras criminales y el reciente atentado armado contra un ayudante de bus.
“Hoy fue nuestro compañero; mañana podemos ser cualquiera de nosotros”
El suceso que desató la paralización ocurrió en las últimas horas, cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra el ayudante de una de las unidades que cubren el trayecto entre Carrizal y Ulloa. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro, pero el episodio encendió las alarmas entre los trabajadores del volante.
“Ya no aguantamos más. Cada semana tenemos que reunir dinero para pagar extorsión, y ahora hasta balazos. Hoy fue un ayudante, mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros pasajeros”, declaró uno de los transportistas que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Impacto en los usuarios y cadenas de sustitutos improvisados
La paralización de la ruta, vital para cientos de personas que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, estudio y demás actividades, ha dejado a los usuarios sin opción de movilidad regular. Ante la carencia de unidades, muchos han recurrido a taxis colectivos y mototaxis, cuyos precios se han disparado por la escasez de transporte. Otros, menos afortunados, se han visto obligados a recorrer a pie distancias de cinco a diez kilómetros.
“Es inaceptable que tengamos que caminar bajo el fuerte sol o gastar más de lo habitual en un mototaxi. Las autoridades deben garantizar que estos criminales paguen por sus acciones”, reclamó doña María Hernández, habitante de Ulloa que diariamente viaja a Tegucigalpa.
Clamor por seguridad y acción estatal
Los transportistas de Carrizal–Ulloa han presentado una exigencia clara: no reanudarán operaciones hasta que se tomen medidas concretas que garanticen su integridad física. Demandaron la presencia regular de patrullajes policiales en la ruta, instalación de puntos de control y la intervención directa de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) contra las bandas que operan en la zona.
El coordinador de la Asociación de Transportistas de Carrizal–Ulloa, Félix Ramos, anunció que, de no recibir respuesta en las próximas 48 horas, extenderán el paro a otras rutas cercanas hasta lograr un compromiso escrito de las autoridades.
Extorsión en auge: pequeñas pandillas toman el relevo
Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), durante 2024 más de 300 000 hogares en Honduras reportaron haber pagado extorsión a uno o más grupos criminales, lo que sitúa la tasa nacional de victimización en un alarmante 11,6 %, frente al 9 % registrado en 2022. El documento advierte que, tras la retirada estratégica de los grupos “históricos” del cobro de cupos, pandillas de menor tamaño han llenado el vacío, incrementando la presión sobre sectores como el transporte público.
En paralelo, la unidad especializada del Ministerio Público ha registrado una disminución en las detenciones por este delito, lo que, según la ASJ, refleja “una creciente impunidad que alienta a las estructuras criminales a ampliar su radio de acción”.
Reacciones oficiales y próximos pasos
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad no había emitido pronunciamiento oficial sobre el bloqueo en la ruta Carrizal–Ulloa. No obstante, fuentes internas confirmaron que la FNA se encuentra evaluando un operativo conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito para reforzar la vigilancia.
Por su parte, el comisionado de la Policía de Tránsito, inspector Jorge Aguilar, aseguró que “la seguridad de los transportistas y pasajeros es una prioridad. Estamos revisando rutas y puntos críticos para desplegar recursos adicionales y desarticular a las bandas implicadas”.
En vilo, la vida diaria de miles de hondureños
Mientras el conflicto entre transportistas y extorsionistas se intensifica, la población de Carrizal, Ulloa y sus alrededores vive con la incertidumbre de no saber si mañana encontrará un bus que le permita llegar a su destino con seguridad. El bloqueo actual simboliza, una vez más, el desafío que representa el crimen organizado para el derecho fundamental a la movilidad y el trabajo dignos.
Los próximos días serán cruciales: de la acción —o la inacción— de las autoridades dependerá si los conductores levantan sus bloqueos o, por el contrario, el paro se extiende y agrava la crisis de movilidad en esta zona de Tegucigalpa.
