“Acusan a Maduro de liderar red de narcoterrorismo internacional, según informes de la DEA”
Washington, D.C. / Caracas, Venezuela — La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha vinculado formalmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con una serie de graves delitos internacionales, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y lavado de dinero a gran escala. Esta nueva ola de acusaciones refuerza el expediente penal que el gobierno de Estados Unidos ha construido desde hace años en contra del mandatario venezolano y varios miembros de su círculo más cercano.
Según documentos desclasificados y presentados por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, la DEA sostiene que Maduro ha actuado durante al menos dos décadas como pieza clave de una organización criminal transnacional que ha convertido a Venezuela en un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. Dicha organización, conocida como el «Cártel de los Soles», estaría integrada por altos funcionarios del gobierno, generales del ejército y miembros del servicio de inteligencia venezolano, quienes han facilitado y protegido el tráfico de toneladas de cocaína producida principalmente en Colombia.
Un Estado al servicio del narcotráfico
De acuerdo con las investigaciones, Maduro y sus colaboradores habrían permitido —e incluso promovido— la colaboración directa con disidentes de las FARC y otros grupos armados del narcotráfico para facilitar la producción y exportación de drogas. La acusación indica que, bajo la protección del aparato estatal venezolano, avionetas, barcos y cargamentos aéreos de cocaína salieron desde pistas clandestinas y puertos bajo control militar, rumbo a Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
“Este no es un caso ordinario de tráfico de drogas. Se trata de una estructura criminal que se ha infiltrado en lo más alto del poder político de un país soberano”, declaró un portavoz de la DEA, que aseguró que las pruebas presentadas incluyen grabaciones, testimonios de exmilitares desertores, y evidencias de rutas narco gestionadas desde el Palacio de Miraflores.
Cargos y recompensa millonaria
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había imputado formalmente a Maduro y a otros altos funcionarios, incluidos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar; y Tareck El Aissami, exministro del Poder Popular para el Petróleo, entre otros. La acusación actual reafirma que estos individuos habrían participado activamente en operaciones conjuntas con organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y las FARC.
El gobierno estadounidense mantiene vigente una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, y entre 10 y 5 millones por otros acusados. El Departamento de Estado lo ha incluido en su lista de “Narcoterroristas Internacionales”, una designación que ha sido aplicada anteriormente a líderes de grupos armados como Hezbollah o Al-Qaeda.
El impacto regional
Expertos en seguridad internacional advierten que la presunta implicación de un jefe de Estado en operaciones de narcotráfico representa un precedente grave para la estabilidad regional. “Estamos ante un escenario donde el crimen organizado ha capturado por completo el aparato estatal, y esto tiene consecuencias directas en la migración, la seguridad fronteriza y el comercio ilegal de armas”, señaló Douglas Farah, analista en temas de crimen transnacional.
Mientras tanto, en la Corte Federal de Nueva York, fiscales estadounidenses han dejado claro que la investigación sigue abierta y que no descartan más imputaciones. De hecho, algunas fuentes apuntan a que funcionarios activos dentro del régimen habrían comenzado a colaborar con las autoridades a cambio de beneficios legales.
