A cinco meses de concluir su mandato, la presidenta Xiomara Castro enfrenta crecientes críticas por el incumplimiento de una de sus promesas más relevantes en materia de seguridad: la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Mocorón, Gracias a Dios. El proyecto, anunciado con bombos y platillos como el emblema de una nueva política penitenciaria orientada a frenar el crimen organizado desde su núcleo, hoy se percibe como un símbolo del fracaso en la lucha contra la violencia y el descontrol carcelario.
La mandataria había señalado desde el inicio de su gestión que el sistema penitenciario sería transformado de raíz, asegurando que Mocorón se convertiría en el espacio donde serían trasladados los líderes del narcotráfico y las pandillas que continúan operando desde las prisiones. Sin embargo, las promesas no se han materializado. En el terreno, lo único que avanza es la maleza que cubre los espacios donde se anunció la millonaria inversión, sin rastro de celdas, muros de contención o la tecnología de seguridad prometida.
El fracaso del proyecto no es un asunto menor. Las cárceles en Honduras siguen siendo epicentro de masacres, extorsiones y corrupción. El plan de Castro era utilizar Mocorón como una especie de “Alcatraz hondureño”, aislado de las principales ciudades y bajo férreo control militar. La construcción, sin embargo, quedó atrapada entre retrasos administrativos, falta de presupuesto, licitaciones cuestionadas y la opacidad en el manejo de los recursos destinados.
A ello se suma la creciente presión social. Distintos sectores coinciden en que la ineficiencia del gobierno en esta materia refuerza el poder de las estructuras criminales. “Lo que estamos viendo es un retroceso en la seguridad ciudadana. Si ni siquiera se pudo levantar una cárcel, ¿cómo se va a combatir a las pandillas que controlan barrios y colonias?”, expresó un analista en temas de seguridad consultado por medios locales.
Para la oposición política, el incumplimiento del proyecto carcelario es otra muestra de las debilidades de la administración de Xiomara Castro. Los cuestionamientos giran en torno a la falta de voluntad real de transformar el sistema penitenciario y a la tendencia de anunciar proyectos sin seguimiento ni ejecución efectiva.
La comunidad internacional también observa con preocupación el panorama hondureño. Organismos de derechos humanos y representantes diplomáticos han reiterado que, sin un sistema penitenciario sólido y transparente, el país difícilmente podrá avanzar en el combate al crimen organizado.
Con el calendario político en contra, y a pocos meses de entregar la banda presidencial, el tiempo parece agotarse para Xiomara Castro. Mocorón, que alguna vez fue presentado como la solución al caos carcelario, hoy se erige como un monumento inconcluso al fracaso gubernamental en materia de seguridad.
El legado de la presidenta quedará marcado, en gran medida, por esta deuda pendiente con la población hondureña: una cárcel prometida, jamás construida, y un sistema penitenciario que continúa desbordado por la violencia y la criminalidad.
