Por: Nery Alexis Gaitán
Debido a la importancia del análisis jurídico de la abogada constitucionalista, Ruth M. Lafosse, en donde defiende el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en contra de los ataques continuos del izquierdista Partido Libre, reproducimos sus patrióticos planeamientos:
“Honduras está viviendo el momento más delicado desde el retorno al orden constitucional. Un general, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha declarado públicamente su apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente, mientras el organismo electoral se tambalea entre denuncias, desconfianza y manipulación. No se trata de una noticia más, es la evidencia de que el poder ha perdido sus límites y que el país se acerca, sin darse cuenta, a la frontera del autoritarismo.
La Constitución no se interpreta a conveniencia. Es el pacto supremo que garantiza que ningún poder, por más alto o armado que sea, pueda colocarse por encima del pueblo. El artículo 2 lo dice sin rodeos: “La soberanía pertenece al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado.” Y el mismo texto añade que la usurpación de esa soberanía constituye traición a la patria. Cuando un militar se pronuncia a favor de una Constituyente, no está opinando: está deliberando políticamente, lo que la Constitución prohíbe expresamente en su artículo 272. Ese acto, aunque se revista de palabras patrióticas, representa una fractura silenciosa del Estado de Derecho, porque quien debía proteger la ley se coloca al margen de ella. El pueblo debe entenderlo: no hay democracia posible cuando la fuerza opina sobre la ley.
Las Fuerzas Armadas existen para custodiar el sufragio, no para orientar el rumbo político del país. Su neutralidad no es una cortesía institucional; es la condición que permite que el voto tenga sentido. Si el árbitro electoral vacila y el custodio se pronuncia, el ciudadano queda sin defensa, porque el poder político se cierra sobre sí mismo. Y mientras esto ocurre, las instituciones encargadas de garantizar la voluntad popular el CNE y el TJE se ven envueltos en luchas internas y sospechas de manipulación. Una consejera valiente denuncia irregularidades en los equipos biométricos; la otra exige respeto a la institucionalidad, al rechazar la petición del traidor de obtener las actas presidenciales.
Pero detrás de esas voces se escucha un silencio más grave, el de un Estado que ha permitido que el proceso electoral se convierta en un campo de control partidario, donde la verdad depende de quién grite más fuerte y no de lo que establece la ley. Esa es la tragedia del poder sin límites: primero viola la Constitución en nombre del pueblo, luego silencia al pueblo en nombre de la Constitución. Así nacen los regímenes que destruyen desde dentro las instituciones, sin necesidad de golpes ni decretos. Basta con que los ciudadanos se acostumbren a que los militares opinen, los jueces callen y los funcionarios obedezcan al partido antes que al país.
Honduras no necesita una nueva Constitución; necesita cumplir la que ya tiene. Porque la de 1982 no es perfecta, pero fue escrita con una promesa: que ningún poder, civil o militar, podrá apropiarse de la soberanía que pertenece al pueblo. Esa promesa hoy está en peligro. Cada palabra que se pronuncie fuera de la ley es un paso hacia la ruptura, y cada silencio ciudadano es un permiso concedido a la arbitrariedad. Por eso, callar ahora sería una forma de rendición. Es hora de que la sociedad despierte, que los juristas hablen con la fuerza del derecho, que los jóvenes entiendan que el voto no es una formalidad, sino el último bastión de libertad.
Honduras no puede permitir que, en nombre de la refundación, se destruya el pacto que nos mantiene unidos. El verdadero poder constituyente no nace de los cuarteles ni de los partidos, sino del corazón de los ciudadanos que creen en la ley. El pueblo no debe temer a su Constitución; debe temer a quienes quieren reescribirla para perpetuarse en el poder. Porque cuando la ley se doblega ante la ambición, la República deja de ser una casa común y se convierte en botín de los que abusan del poder.
Honduras no necesita refundarse, necesita obedecer la ley suprema que ya define sus límites. Necesita instituciones que cumplan su mandato, no que lo reescriban. Porque toda refundación forzada es, en el fondo, un intento de borrar la historia y perpetuar el poder. La traición no siempre llega con armas ni con decretos; a veces llega disfrazada de reformas, de discursos de “cambio” y de promesas de libertad. Pero cuando el cambio no nace del pueblo ni respeta la Constitución, lo que nace no es democracia, es dictadura.
La verdadera refundación es la del espíritu cívico, el retorno a la ley, la dignidad del voto y la defensa de la soberanía sin miedo”.
