Tegucigalpa, Honduras | 12 de noviembre de 2025 —
El ambiente electoral en Honduras se desarrolla bajo la sombra de un estado de excepción que ya suma casi tres años de vigencia continua. Con la reciente prórroga de 45 días aprobada por el Consejo de Ministros, la medida se extenderá hasta finales de diciembre, abarcando de lleno el proceso de las Elecciones Generales 2025.
Esta extensión ha desatado una ola de críticas por parte de organismos de derechos humanos, juristas y sectores de la oposición, quienes denuncian que el Gobierno ha convertido una herramienta temporal en un régimen permanente, vulnerando derechos constitucionales en pleno proceso democrático.
Una prórroga en medio de cuestionamientos legales
No obstante, la medida se ha renovado más de 25 veces, muchas de ellas sin la ratificación del Congreso Nacional, lo que genera dudas sobre su legalidad. Juristas sostienen que el Ejecutivo ha excedido sus facultades, al continuar aprobando extensiones sin agotar los procedimientos establecidos en la Constitución.
Libertades restringidas en tiempos electorales
Por primera vez en la historia reciente, Honduras acudirá a las urnas con derechos fundamentales parcialmente suspendidos: la libertad de asociación, de reunión, de expresión y la inviolabilidad del domicilio.
“El mayor riesgo es que el estado de excepción limite el libre ejercicio del voto o la movilización de los ciudadanos”, advirtió Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Organismos nacionales e internacionales en alerta
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, lamentó que el Gobierno haya prolongado la medida “hasta desnaturalizar su propósito”.
“Se han recibido más de 1,060 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el marco del estado de excepción. Esto refleja que la política de seguridad se ha sostenido en la suspensión de garantías, y no en un enfoque de derechos humanos ni en políticas preventivas”, afirmó Martínez.
La preocupación también ha trascendido las fronteras. En Ginebra, Suiza, durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países cuestionaron la continuidad del estado de excepción en Honduras y su impacto en la libertad de prensa y el clima electoral.
El Conadeh solicitó formalmente a las Naciones Unidas recomendar al Gobierno hondureño que ponga fin a la suspensión de garantías constitucionales, por considerarla incompatible con un proceso electoral libre y transparente.
Acciones judiciales sin respuesta
La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) interpuso el pasado 5 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de excepción, alegando violación al principio de temporalidad y abuso de poder. Sin embargo, el proceso permanece estancado debido a que Casa Presidencial no ha entregado los antecedentes solicitados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta semana, los magistrados reiteraron la petición y otorgaron un plazo de cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para remitir la información, sin lo cual el caso no podrá avanzar.
Entre seguridad y derechos: el dilema nacional
Pese a los cuestionamientos, el Gobierno de Xiomara Castro insiste en mantener el decreto, defendiendo su eficacia para desarticular estructuras del crimen organizado, especialmente las vinculadas a la extorsión. Según cifras oficiales, más de 1.7 millones de operativos se han realizado bajo esta figura desde su implementación.
Sin embargo, los resultados judiciales no son tan alentadores: la mayoría de las detenciones no concluyen en requerimientos fiscales ni en sentencias condenatorias, lo que pone en duda la efectividad real del mecanismo frente a la delincuencia.
“Se ha convertido en una herramienta política más que en una política de seguridad pública”, expresó un analista consultado, quien advirtió que mantener la suspensión de garantías en pleno proceso electoral “erosiona la confianza en las instituciones y en la imparcialidad del Estado”.
Un llamado a votar pese al temor
Pese al ambiente tenso, los organismos de derechos humanos llaman a la población a no abstenerse.
“El mensaje más importante es que la ciudadanía acuda a las urnas. Que vote, que documente cualquier abuso y que denuncie si se le impide ejercer su derecho”, recalcó Acevedo, de Ciprodeh.
Mientras tanto, el país se prepara para enfrentar unas elecciones históricas, no solo por la polarización política, sino porque serán las primeras en desarrollarse bajo un estado de excepción prolongado, un escenario que plantea una dura prueba para la democracia hondureña y el respeto a las libertades ciudadanas.
