A más de una semana de haberse presentado múltiples recursos legales, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa sin emitir un pronunciamiento público sobre las acciones interpuestas contra el decreto legislativo 58-2025, promovido por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el cual desconoce la declaratoria general de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con información que ha trascendido en distintos medios de comunicación, basados en fuentes judiciales de carácter reservado, al menos ocho recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad fueron admitidos a trámite por la Sala Constitucional. Sin embargo, hasta ahora, dicha información se mantiene bajo estricta reserva institucional, lo que ha generado incertidumbre y especulación en diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Las impugnaciones cuestionan la constitucionalidad del decreto aprobado el pasado 8 de enero, el cual fue señalado por haberse avalado sin el quórum correspondiente, sin un sistema de votación electrónica y en abierta contradicción con las atribuciones constitucionales del CNE, órgano encargado de la declaratoria oficial de los resultados electorales. El decreto ordena además un recuento voto por voto de las 19,167 urnas utilizadas en el proceso electoral, una medida que ha sido calificada por sus detractores como una usurpación de funciones.
Según las versiones que circulan en el ámbito judicial, durante una sesión celebrada el viernes anterior, los magistrados de la Sala habrían admitido todos los recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, aunque sin decretar la suspensión inmediata del acto reclamado. No obstante, permanece pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados afectados directamente por la normativa, la cual, según fuentes cercanas al proceso, ya cuenta con un borrador de resolución en análisis.
Este recurso específico podría ser admitido con suspensión del acto reclamado, una decisión que representaría un punto de inflexión en el conflicto, ya que dejaría sin efecto, de manera provisional, la aplicación del decreto 58-2025 mientras se resuelve el fondo del asunto. Tal escenario tendría implicaciones directas en el desarrollo del proceso electoral y en la estabilidad institucional del país.
Cabe señalar que una de las magistradas de la Sala no se habría pronunciado oportunamente debido a que se encontraba fuera del país, siendo sustituida temporalmente por el magistrado Milton Jiménez Puerto. Esta situación habría incidido en la dilación del pronunciamiento definitivo, aunque oficialmente la Corte Suprema no ha brindado detalles al respecto.
El conflicto se da en un contexto de alta tensión política, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro respaldara el decreto impulsado por Luis Redondo, bajo el argumento de que cerca de un millón de votos no habrían sido contabilizados adecuadamente en la declaratoria del CNE. Esta postura ha sido rechazada por sectores de la oposición, organizaciones civiles y expertos constitucionalistas, quienes advierten sobre un posible quebrantamiento del orden democrático.
La Sala de lo Constitucional, integrada por los magistrados Luis Fernando Padilla, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo, Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo, tiene ahora la responsabilidad de resolver si admite con suspensión del acto reclamado o inadmite, en su defecto, los recursos presentados contra el decreto 58-2025. La decisión que adopten en los próximos días será determinante para definir el rumbo jurídico del conflicto y su impacto en la credibilidad del sistema democrático hondureño.
Mientras tanto, el silencio oficial de la Sala Constitucional mantiene en vilo a la ciudadanía y a los actores políticos, en un momento clave para la institucionalidad y el respeto al marco constitucional del país.
