Red Sedesol: Una red diseñada desde adentro del Gobierno

Lo que en 2023 fue presentado como una millonaria inyección de recursos para combatir la pobreza en comunidades de Copán, terminó revelándose —según el expediente fiscal— como una estructura organizada desde el poder para desviar fondos públicos. La investigación del Ministerio Público sostiene que el fraude en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no fue producto del desorden administrativo, sino el resultado de una secuencia planificada que permitió gestionar, blindar, simular y finalmente retirar millones destinados a los más vulnerables.

Antes de que existieran cheques, listados de beneficiarios o expedientes administrativos, la red tuvo que construirse desde arriba. Cada fase dependió de la anterior: primero la gestión política, luego la cobertura institucional, después la fabricación de documentos para aparentar legalidad y, finalmente, el cobro del dinero en efectivo. Así nació y operó lo que hoy se conoce como la Red Sedesol.

La puerta política: el origen del circuito

El expediente del Ministerio Público ubica el punto de partida en la gestión impulsada por la diputada Isis Cuéllar, quien promovió la asignación presupuestaria y respaldó proyectos sociales que más tarde sirvieron de base para los desembolsos.

Desde su posición política, canalizó solicitudes, promovió iniciativas y definió beneficiarios bajo el argumento de atender a comunidades históricamente postergadas. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, esa gestión inicial se convirtió en el primer filtro del esquema. Su papel no era técnico ni administrativo, sino político: sin esa intervención, el dinero no habría ingresado al circuito institucional.

La maquinaria interna: fabricar la apariencia de legalidad

Con el dinero habilitado comenzó la fase más compleja: convertir el fraude en algo que pareciera normal.

Dentro de SEDESOL, diversas áreas administrativas empezaron a producir expedientes que simulaban cumplimiento técnico y financiero. La Gerencia Administrativa, la Dirección de Monitoreo, la Secretaría General, la Subgerencia de Presupuesto, el Comité Técnico y la Unidad de Transparencia operaron como una cadena cerrada de validación.

Cada oficina validaba a la anterior. Cada firma reforzaba el expediente. Así se consolidó una estructura donde el control era interno y circular: nadie objetaba porque todos formaban parte del mismo engranaje.

Proyectos inexistentes

Los investigadores detectaron patrones repetidos en decenas de carpetas administrativas:

• Cotizaciones idénticas.

• Facturas con los mismos proveedores.

• Fechas similares en múltiples proyectos.

• Materiales repetidos.

• Fotografías genéricas utilizadas como evidencia.

Solo cambiaban los nombres de los beneficiarios.

En muchos casos, los proyectos nunca existieron. En otros, apenas hubo una mínima ejecución simbólica. Sobre el terreno no había obras, emprendimientos ni impacto social verificable. Sin embargo, en el papel, los expedientes estaban completos y formalmente correctos.

La fase final: el cobro en efectivo

El esquema no concluía con la aprobación administrativa. Tenía una etapa decisiva: el retiro del dinero.

De acuerdo con el expediente, Ilsy Baquedano e Iris Pérez coordinaban a los supuestos beneficiarios, los trasladaban a entidades bancarias, supervisaban el retiro de fondos y recogían el efectivo.

El resto del dinero desaparecía.

Hoy, parte de los involucrados enfrenta procesos judiciales. Otros continúan bajo investigación. Pero el expediente ya dejó establecido un punto central: el saqueo no fue accidental. Se planificó, se ejecutó y se sostuvo desde dentro del Estado.