Tegucigalpa, Honduras.— En medio de un ambiente político marcado por la confrontación, el Congreso Nacional de Honduras tomó una decisión inédita al sancionar económicamente a 12 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), luego de los disturbios registrados durante una sesión legislativa que terminó en caos.
La medida, oficializada el 14 de abril de 2026, consiste en la deducción de 15 días de salario a los congresistas involucrados, quienes fueron señalados por protagonizar una “alteración grave del orden parlamentario” durante la sesión del pasado 9 de abril, en la que se discutía la presentación de una denuncia de juicio político contra funcionarios electorales.
Una sanción sin precedentes
De acuerdo con las autoridades del Legislativo, esta resolución busca sentar un precedente sobre el comportamiento dentro del hemiciclo. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó que la sanción se aplicó tras documentarse los incidentes en el acta oficial de la sesión.
El funcionario subrayó que la medida se sustenta en resoluciones vigentes publicadas en el diario oficial y pretende garantizar el respeto a la institucionalidad del Parlamento. Además, expresó que espera que este tipo de sanciones no tenga que repetirse en el futuro.
En la misma línea, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, dio lectura a la resolución que detalla la sanción y ordena su ejecución inmediata mediante deducciones en la planilla mensual de los diputados implicados.
Todos ellos pertenecen a la bancada de Libre, uno de los principales actores políticos dentro del Congreso, en un período legislativo que ha estado marcado por la polarización y constantes tensiones entre oficialismo y oposición.
¿Sanción o mensaje político?
Más allá del castigo económico, la decisión ha abierto un debate sobre los límites de la disciplina parlamentaria y el uso de sanciones administrativas como herramienta de control político.
Mientras la directiva sostiene que la medida busca preservar el orden institucional, críticos advierten que podría interpretarse como un mecanismo para restringir la protesta dentro del Congreso.
En un intento por suavizar la polémica, las autoridades informaron que los fondos deducidos no serán destinados al presupuesto interno del Legislativo, sino que serán canalizados hacia la mejora de centros educativos públicos que han solicitado apoyo.
