Comisión recomienda la destitución inmediata de funcionarios electorales
En un momento decisivo para la institucionalidad democrática del país, la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional presentó su informe final sobre el proceso seguido contra cuatro altos funcionarios vinculados al sistema electoral hondureño, recomendando su destitución inmediata. La medida, que ahora queda en manos del pleno legislativo, marca un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y la legalidad en los órganos electorales.
La comisión, presidida por la diputada Tania Pinto, concluyó su labor tras semanas de análisis, revisión de pruebas y comparecencias de testigos. El documento fue entregado oficialmente al secretario del Congreso, Carlos Ledezma, quien de inmediato procedió a convocar a los funcionarios implicados para que ejerzan su derecho a defensa.
Los señalados en este proceso son el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía. Todos ellos deberán comparecer ante el pleno legislativo en una sesión programada para este jueves.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, subrayó que el proceso se ha desarrollado bajo estrictos parámetros legales. Según sus declaraciones, la comisión respetó cada una de las etapas establecidas por la normativa vigente, desde la admisión de la denuncia hasta la redacción del informe final.
Zambrano enfatizó que este procedimiento busca enviar un mensaje claro tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con el Estado de derecho. “Se ha actuado conforme a la ley, garantizando el debido proceso en cada fase”, sostuvo el titular del Legislativo.
El cronograma establecido indica que la sesión ordinaria iniciará a las 11:00 de la mañana, donde los diputados conocerán el contenido del informe. Posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se dará paso a la comparecencia de los funcionarios suspendidos que decidan hacer uso de su derecho a defensa pública.
Este paso es considerado crucial, ya que permitirá a los implicados presentar sus argumentos antes de que el Congreso proceda a la votación definitiva. Según la legislación hondureña, el pleno únicamente podrá optar entre dos resoluciones: la destitución inmediata de los funcionarios o su restitución en los cargos hasta completar el período para el cual fueron electos.
