Ministerio Público analiza posibles delitos tras destituciones en el Congreso hondureño
Tegucigalpa, Honduras — 18 de abril de 2026
El Ministerio Público de Honduras encendió las alertas en el ámbito político y judicial al anunciar que podría iniciar acciones penales derivadas de los recientes juicios políticos realizados en el Congreso Nacional, que culminaron con la destitución de varios altos funcionarios vinculados al sistema electoral del país.
El fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, dejó claro que los procesos no serán vistos únicamente desde una óptica política o administrativa, sino que también serán sometidos a un riguroso análisis penal. Según explicó, el informe resultante de los juicios políticos será evaluado por equipos técnicos especializados con el objetivo de determinar si existen elementos que configuren delitos contra la administración pública.
“El alcance de estos casos trasciende lo político. Si encontramos indicios de responsabilidad penal, actuaremos conforme a lo que establece la ley”, afirmó el titular del ente acusador, subrayando que no se descartan ilícitos como corrupción, abuso de autoridad o prevaricato.
Uno de los casos más relevantes es el del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, quien fue destituido tras ser sometido a juicio político en medio de cuestionamientos sobre su actuación en las elecciones generales de 2025. Junto a él también enfrentó el mismo proceso el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ambos señalados por presuntas irregularidades que habrían afectado la transparencia del proceso electoral.
De acuerdo con el Ministerio Público, el informe generado a partir de estos juicios será clave para establecer si las decisiones y acciones que llevaron a la remoción de estos funcionarios constituyen hechos punibles. La institución reiteró que el análisis será “técnico-jurídico exhaustivo” y se desarrollará con independencia de las valoraciones políticas que ya motivaron las destituciones.
Durante su comparecencia ante el pleno legislativo, Morazán ejerció su derecho a la defensa, rechazando los señalamientos en su contra. No obstante, la mayoría de diputados determinó su separación del cargo.
Analistas consideran que este escenario abre un nuevo capítulo en la relación entre los poderes del Estado, especialmente en lo referente al control político y la posible judicialización de decisiones adoptadas en el Congreso.
Por su parte, el Ministerio Público insistió en que su intervención se limitará estrictamente al ámbito legal, evitando valoraciones políticas. “Nuestra función es investigar y, si corresponde, acusar. No respondemos a intereses partidarios, sino al mandato de la ley”, reiteró Reyes Theodore.
