ESTADOS UNIDOS.- Una inmigrante hondureña con casi dos décadas en Estados Unidos, madre de tres hijos estadounidenses y una solicitud de ajuste de estatus I-130 aprobada por el servicio de inmigración, deberá marcharse del país el próximo 20 de marzo a menos que el gobierno de Donald Trump suspenda su deportación y permita que reciba su residencia legal permanente ( green card o tarjeta verde).
“Sólo tengo que esperar que haya un cupo”, dice Jessica Elizabeth Lemus a Univision Noticias. “El boletín de visas (del Departamento de Estado) está tramitando las solicitudes presentadas en el 2012 y la mía tiene fecha del 2016. Es cuestión de paciencia para tener mi residencia. Pero me dijeron que tenía que irme la próxima semana”, explica.
Lemus es madre de tres menores estadounidenses, dos niñas de 10 y 4 años, y un niño de 10 que padece ADHD (desorden hiperactivo y déficit de atención). “Necesita cuidados especiales. No puedo dejarlo solito porque me necesita”, indica.
Entrada sin permiso
Lemus y una hermana entraron indocumentadas a Estados Unidos en 2000. Fueron detenidas en la frontera con México por agentes federales y puestas en proceso de deportación. “Entramos ilegal por la frontera. Entonces nos mandaron a la corte y fuimos como a cinco citas”, recuerda.
Tras un proceso que demoró cerca de dos años, “el juez negó mi pedido de asilo. Dijo que los hondureños no teníamos razón para hacerlo”, cuenta. “En 2002 llegó una carta donde me decían que tenía deportación”, añade.
Cuando un caso de asilo se pierde, la corte emite automáticamente una orden de deportación. Pero Lemus no se marchó. Por el contrario, se casó, nacieron los hijos y esperó una oportunidad para legalizar su permanencia.
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