La entrada al municipio de Camasca, en el departamento de Intibucá, Honduras, está bien custodiada. Una columna de las fuerzas especiales del ejército detiene a los vehículos que llegan por la calle pavimentada que sube y baja las montañas y conecta a este pueblo fronterizo con La Esperanza, la capital del departamento.

Los soldados están aquí por una sola razón: el terror que llegó con las incursiones de la pandilla MS13 desde el vecino El Salvador.

No fue sino hasta agosto de 2019 cuando el gobierno hondureño envió un batallón permanente del ejército —que aún custodia la entrada a Camasca— y un refuerzo policial para atender el aumento de la violencia. Las cosas, sin embargo, han tardado en mejorar.

“No había denuncias formales, pero sí relatos de gente obligada por la MS13 a irse de sus casas. La gente llegaba a la posta [puesto policial] pero no ponía denuncia por miedo”, relató una defensora de derechos humanos en Intibucá, quien habló con InSight Crime y pidió no publicar su nombre por motivos de seguridad.

Lo que pasó con la migración de Slow es conocido por los expertos como efecto cucaracha: si la fuerza pública ejerce presión en un lugar, los grupos criminales migran a zonas menos vigiladas. Las aldeas fronterizas de Intibucá no estaban preparadas para lo que siguió.

Slow fue quien enseñó a sus reclutas hondureños cómo utilizar la principal táctica de la SLS y de la MS13: la violencia brutal. Y fue él mismo quien los embarcó en la extorsión, la economía criminal que ha sustentado a la pandilla casi desde su creación.

Intibucá es terreno fértil para el chantaje económico, sobre todo entre quienes reciben dólares que les envían sus familiares desde Estados Unidos.

Quien recorre el sur del departamento por la calle pavimentada que sale desde La Esperanza se encontrará muy pronto, entre los cafetales y las montañas que llegan hasta El Salvador, con el paisaje común que han pintado las remesas de dólares en Centroamérica: casas de dos plantas y construcción mixta (cemento y hierro) que sustituyeron a los ranchos de adobe y paja tradicionales en la zona.

La zona se llenó de cadáveres, entre ellos los de quienes se negaron a pagar. Solo en Magdalena, la clica mató a 18 personas en los primeros meses de 2017, según la PN. Un representante de CONADEH en Intibucá confirmó esa cifra.

En 2017, de acuerdo con los informes policiales a los que InSight Crime tuvo acceso, Slow había reclutado a dos hondureños llamados Wilmer Orantes, alias “Tigre”, y Donaldo Díaz Hernández, alias “El Espanto”. Ambos se convirtieron en los ejecutores más crueles de las órdenes que daba Slow. Los investigadores adjudican a estas dos personas la muerte de un miembro de Barrio 18 que había llegado a Jesús de Otoro, un pueblo al norte de Camasca, y el asesinato, en el mismo lugar, de una maestra embarazada, a quien, dice una versión recogida por el CONADEH, los pandilleros descuartizaron y tiraron sus partes a un basurero.

La violencia impuesta por la pandilla ha tenido respuesta de otros grupos en lugares como Jesús de Otoro, e incluso en Camasca, donde algunos ciudadanos ya se han armado para responder a la MS13. “Ya se formó un grupo de exterminio”, cuenta el policía de Camasca.

El inicio de 2020 no ha sido el mejor momento para la clica de Slow. Alias Tigre ha entrado y salido de la cárcel, acusado de varios delitos. Donaldo Díaz, El Espanto, quien era el responsable de conseguir la droga para la clica, está preso por sospechas de que mató a un informante en Camasca.

Walter Orantes, El Tigre, segundo al mando, salió de la cárcel en noviembre pasado después de pagar una fianza de 300.000 lempiras (unos US$12.000), según un oficial de policía consultado en Intibucá. “En nuestro país, con dinero todo se arregla”, dijo.

Pero la pandilla sigue viva en el sur de Intibucá.

El terror no se ha ido. El oficial jefe que llegó a Camasca el año pasado acepta que aún hay pobladores en las aldeas fronterizas que se encierran en sus casas cuando cae la noche.