Quintana se refirió al proyecto de decreto que se impulsó en el Congreso Nacional hondureñoe para crear la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, misma que suprimiría la norma que dio vida al Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

«Así inició en Nicaragua como precisamente está ocurriendo ahora en Honduras. Y creo que Honduras va a vivir ese socialismo ahora que lo tenía ajeno con Nicaragua«, inició comentando Quintana en La Tarde de HRN.

Indicó que Honduras está experimentando lo pasado en Nicaragua y en un «abrir y cerrar de ojos» es posible que tenga en los próximos días una ley «porque el bloque socialista ha disfrazado este tipo de cierres con una ley que le llaman de ‘Soberanía Nacional'», indicó el periodista.

En la ley que se pretende aprobar en el Legislativo se plantea la supresión del Fonac, y en consecuencia, todas las atribuciones, competencias y facultades legales que le corresponden serán asumidas por la Mesa Nacional de Participación Ciudadana.

Asimismo, se establece que la Mesa Nacional de Participación Ciudadana sustituirá al Fonac en la Asamblea General del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Cierre de organizaciones

Resaltó que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 2,000 ONG a partir de 2018, año en que explotó la crisis social y política en Nicaragua, «desde ahí no solo ha cerrado y pulverizado todo tipo de ONG enfocadas sobre todo en los derechos humanos, sino que expulsó cerró y exilió a toditos los defensores de derechos humanos», comentó.

Según Quintana, Ortega cerró múltiples organizaciones bajo la justificación de que estaban conspirando contra su Gobierno, supuestamente, dándole albergue a la gente que estaba en contra de Ortega y que ahora están en el exilio.

«Igual lo hizo Rusia, Venezuela y Nicaragua que se amparó ante una ley que se llama ‘Violaciones a la Seguridad Nacional‘ y ellos justifican que estas ONG están recibiendo fondos para conspirar contra el Gobierno de Ortega«, apuntó Quintana.

Según el comunicador, además de «pulverizaron» las organizaciones de periodistas a través de la ley y la única que funciona en el exilio es la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes (APCI).

«Pero en Nicaragua, quiero recalcar, no existe periodismo independiente y el periodista que se atreva a hablar en su agenda un tema político es detenido o llevado a los calabozos de Ortega; igual como sucede con los sacerdotes», comentó.

El 2022 ha sido un año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua, en donde el Gobierno de Ortega ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los religiosos.

Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al al padre Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, mientras que varios sacerdotes optaron por el exilio.

Adicionalmente, llevó a prisión a siete sacerdotes, cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.