Honduras enfrenta un clima de incertidumbre y tensión. El acuerdo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, podría expirar el próximo 28 de febrero de 2025, si el Gobierno liderado por Xiomara Castro decide no renovarlo.
El tratado, vigente desde 1912, ha permitido la extradición de narcotraficantes y criminales de alto perfil a los Estados Unidos. Sin embargo, su continuidad fue puesta en duda tras la polémica en torno a Carlos Zelaya, cuñado de la mandataria y exsecretario del Congreso Nacional. Zelaya fue vinculado en un video con presuntos capos del narcotráfico discutiendo financiamiento para la campaña presidencial de Castro, entonces candidata del partido Libertad y Refundación (Libre).
La controversia escaló cuando Laura Dogu, embajadora de EE. UU. en Honduras, criticó públicamente a la familia presidencial. Poco después, el Gobierno anunció la cancelación del tratado, lo que muchos interpretaron como un intento de proteger a Zelaya. Desde entonces, este tema ha quedado en el olvido oficial, mientras que las implicaciones legales y políticas persisten.
Impacto en la lucha contra el crimen
Organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la regional Cristosal han expresado su preocupación ante las posibles consecuencias de dejar sin efecto el tratado. Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, señaló:
«Estas decisiones generan incertidumbre sobre la capacidad de Honduras para combatir el narcotráfico y otros delitos graves. Parece evidente que hay intereses políticos detrás de esta postura.»
Por su parte, el diputado Yahvé Sabillón advirtió sobre las implicaciones para la seguridad nacional:
«La extradición es el único recurso que estos criminales temen. Perderlo sería dejar al país a merced del crimen organizado.»
El trasfondo político
El Gobierno ha defendido su decisión argumentando la necesidad de una mayor independencia frente a Estados Unidos. El canciller Enrique Reina calificó el tratado como un posible «arma política» utilizada para perseguir a funcionarios de alto nivel. No obstante, sectores de la sociedad civil cuestionan estas justificaciones, considerándolas una pantalla para proteger a figuras cercanas al oficialismo.
El debate se ha intensificado ante el anuncio de que Donald Trump podría asumir la presidencia de Estados Unidos en 2025. Algunos esperan que un cambio en la administración norteamericana influya en la postura del Gobierno hondureño sobre la extradición.
Preocupación por la impunidad
La Corte Suprema de Justicia y otros organismos han instado al Gobierno a reconsiderar su decisión. Desde el punto de vista de las ONG y grupos defensores de derechos humanos, dejar expirar el tratado convertiría a Honduras en un refugio para delincuentes y narcotraficantes, exacerbando la impunidad y la inseguridad en el país.
Un año de definiciones
A medida que el reloj avanza hacia la fecha límite, la incertidumbre pesa sobre Honduras. La administración de Xiomara Castro enfrenta presión tanto nacional como internacional para mantener el tratado y reforzar el compromiso con la justicia. Sin embargo, las dudas sobre sus intenciones políticas y las implicaciones de sus decisiones siguen siendo motivo de preocupación para el pueblo hondureño, que exige mayor transparencia y un enfoque claro en la lucha contra el crimen organizado.
La posible expiración del Tratado de Extradición no solo marcaría un cambio en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sino también un antes y un después en la lucha por la justicia y la seguridad en Honduras.
