Tegucigalpa, Honduras. El Estado de Honduras enfrenta un incremento sin precedentes en el número de demandas judiciales desde 2022, según un informe reciente de la Secretaría de Finanzas. El fenómeno afecta principalmente casos laborales, administrativos y civiles, y representa un desafío significativo para las arcas públicas.
El reporte señala que, al cierre del tercer trimestre de 2024, las demandas judiciales ascendieron a 13,275 casos, marcando un drástico aumento en comparación con años anteriores.
Incremento de demandas laborales y administrativas
Uno de los apartados más preocupantes es el de las demandas laborales, que pasaron de 2,187 casos en 2022 a 8,579 en 2024. Este crecimiento evidencia conflictos persistentes entre el gobierno y sus empleados o exempleados, que han recurrido al sistema judicial para resolver disputas relacionadas con derechos laborales.
En el ámbito de lo contencioso administrativo, las cifras también reflejan un incremento alarmante. Las demandas en este rubro subieron de 1,407 casos en 2022 a 4,004 en 2024, lo que refleja un aumento en los litigios relacionados con decisiones gubernamentales cuestionadas por ciudadanos y empresas.
Auge de demandas civiles e internacionales
Además, las demandas civiles, aunque representan un porcentaje menor del total, experimentaron un aumento significativo, pasando de 72 casos a 567 en el mismo periodo. Por otro lado, las demandas internacionales contra Honduras también han cobrado relevancia, con un total de 92 casos registrados hasta el tercer trimestre de 2024.
Impacto en las finanzas del Estado
El crecimiento sostenido en los litigios pone en jaque las finanzas públicas. La Secretaría de Finanzas ha mostrado preocupación por el impacto que estos casos pueden tener en el presupuesto del Estado, especialmente ante la posibilidad de sentencias desfavorables que impliquen millonarios pagos por indemnizaciones.
Analistas legales y económicos coinciden en que el aumento de demandas responde a una combinación de factores, incluidos la falta de transparencia en decisiones gubernamentales, el incumplimiento de acuerdos laborales y la creciente desconfianza en las instituciones estatales.
