Dicen que nacieron en las calles y ahora que es delito protestar

Tegucigalpa, 1 de abril de 2025 — La reciente decisión del Gobierno de Honduras de criminalizar las manifestaciones públicas ha generado un fuerte rechazo por parte de defensores de derechos humanos, opositores políticos y diversos sectores de la sociedad civil. La medida, anunciada por la Secretaría de Seguridad, contempla la identificación y registro de manifestantes mediante fotografías y videos, además de la posibilidad de detenciones y procesos judiciales.

El anuncio ha despertado una ola de críticas, ya que se considera una acción represiva y contradictoria con el discurso histórico del partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre), que en el pasado ha promovido la protesta social como un derecho fundamental.

Críticas de organizaciones de derechos humanos

La defensora de derechos humanos Dina Meza se pronunció en contra de la medida, advirtiendo que su implementación busca generar un ambiente de temor entre la población. “Nos están creando todo un escenario de miedo para que la gente no salga a protestar y tenga temor de ser investigada. Esto solo ocurre en gobiernos dictatoriales y autoritarios, donde se pretende someter a la población y despojarla de sus derechos fundamentales”, declaró Meza.

Además, denunció que la criminalización de la protesta contradice la propia Constitución de la República, que garantiza el derecho a la manifestación pacífica. “Es una estrategia de terror que está diseñada para debilitar el espacio cívico de las organizaciones y defensores de derechos humanos”, agregó.

Oposición política en alerta

La ex candidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se sumó a las críticas, alertando sobre lo que considera una preocupante deriva autoritaria del Gobierno. Espinoza señaló que la administración de Libre ha implementado medidas que restringen derechos fundamentales y ha extendido el estado de excepción sin justificación clara, afectando las garantías individuales de la población.

Otro actor político que se manifestó en contra fue el diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien calificó de sorprendente la determinación gubernamental. “Ver para creer en el Gobierno de la protesta callejera. Alguien por ahí dijo: los derechos se pelean en las calles”, expresó el congresista en redes sociales, en alusión a la postura histórica de Libre cuando era oposición.

Exigencia de diálogo y soluciones pacíficas

Marco Bhaday, coordinador de proyectos de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), recalcó que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que el Gobierno debe priorizar el diálogo. “El diálogo debe ser la primera vía para resolver conflictos, sin recurrir a medidas que criminalicen la protesta social o limiten la voz del pueblo. Sin embargo, en más de tres años de gestión, el Gobierno ha rechazado reiteradamente las propuestas ciudadanas para resolver los problemas que aquejan a la población”, señaló.

Por su parte, el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez alertó sobre el peligroso precedente que podría establecerse con la implementación de estas medidas. “Este tipo de hechos nos recuerda la época oscura de los ochenta, cuando se torturaba, criminalizaba y asesinaba a quienes se oponían al régimen. La amenaza de criminalizar, perseguir y desalojar la protesta social es un retroceso en materia de derechos humanos”, sostuvo.

Manifestaciones en aumento

Las protestas en Honduras han ido en aumento en los últimos meses, especialmente en sectores que demandan mejoras en infraestructura y servicios públicos. Un ejemplo reciente fue la toma de la carretera CA-5 por parte de pobladores del norte de Comayagua, quienes exigen la pavimentación de sus carreteras.

Lejos de buscar soluciones mediante el diálogo, la respuesta del Gobierno ha sido endurecer las medidas de seguridad y amenazar con acciones legales. Esta estrategia ha generado preocupación entre diversos sectores que ven en estas acciones un atentado contra las libertades democráticas.

Preocupación internacional

Organismos internacionales de derechos humanos han seguido de cerca la situación en Honduras y han expresado su preocupación ante la posibilidad de que estas medidas restrinjan derechos fundamentales. La comunidad internacional podría ejercer presión sobre el Gobierno hondureño para que garantice el respeto a la libertad de expresión y de protesta pacífica.

En un contexto donde la protesta social es una herramienta fundamental para exigir derechos y hacer frente a las injusticias, las acciones del Gobierno de Honduras han sido interpretadas como un retroceso en la consolidación democrática del país. La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la oposición política continúan en alerta, exigiendo respeto a los derechos fundamentales y denunciando lo que consideran una estrategia para acallar las voces disidentes.