Tegucigalpa, Honduras | 24 de abril de 2025
Por: Redacción Investigativa
En medio del creciente escándalo financiero que rodea a la empresa Koriun Inversiones, el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, se ha desligado categóricamente de cualquier responsabilidad en el otorgamiento del permiso de operación a dicha entidad, afirmando que la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) es la única responsable de supervisar y validar la legitimidad de este tipo de instituciones financieras.
Koriun Inversiones, ahora bajo sospecha por presuntas irregularidades financieras y posibles delitos de fraude, recibió en su momento el aval municipal para operar en la localidad industrial de Choloma. No obstante, ante el escrutinio público por el papel que jugaron las autoridades locales en su legalización, el alcalde Mejía defendió su actuación, asegurando que su gestión actuó conforme a lo establecido por los organismos reguladores.
«No nos han dado un centavo»
En declaraciones a medios locales, el edil afirmó tajantemente: “Koriun no nos ha dado un solo centavo por haberles dado su permiso”, refutando así las sospechas de posibles favores o corrupción a cambio de facilitar los trámites legales para su instalación.
Según Mejía, la alcaldía consultó previamente a la CNBS sobre la legitimidad de la empresa antes de emitir cualquier resolución. “Nosotros fuimos a la CNBS y nos entregaron un documento que decía que usted podía colocar su dinero donde usted quiera… por lo tanto nuestro deber es dar el permiso”, expresó el alcalde.
Arremete contra la CNBS: «Ineptos y lentos»
Más allá de defender su actuación, Mejía no escatimó en críticas hacia la CNBS, a quienes calificó de “ineptos” y “lentos” por no actuar con celeridad en la investigación del funcionamiento de la empresa.
«¿Quién investiga a ese negocio si está operando mal? Son los entes correspondientes, ellos son lentos e ineptos», lanzó sin filtros. Para el alcalde, la comuna no puede ni debe detener la instalación de empresas que, a simple vista, cuentan con la venia de las autoridades nacionales. «Nosotros no éramos quienes para parar un servicio, como se lo damos a un negocio», justificó.
Una bomba de tiempo financiera
Koriun Inversiones, cuya fachada se presentó inicialmente como una oportunidad de crecimiento económico para Choloma, ha sido señalada por expertos financieros y víctimas de un esquema que presuntamente funcionaba bajo mecanismos piramidales o de inversión fraudulenta. Aunque aún no hay una acusación formal, ya hay cientos de afectados reclamando el retorno de su dinero, y las alarmas se han encendido entre otros municipios donde operaba.
Analistas afirman que este caso podría ser un reflejo de un problema estructural en los procesos de regulación financiera en el país, donde las municipalidades se ven obligadas a actuar sin contar con la información suficiente o sin coordinación efectiva con los entes nacionales.
¿Descoordinación institucional o negligencia?
El caso de Koriun ha puesto en el centro del debate la necesidad urgente de revisar los mecanismos de otorgamiento de permisos a empresas financieras en el país. Mientras la CNBS no emite una postura oficial sobre el pronunciamiento del alcalde Mejía, aumenta la presión sobre la entidad para que aclare si realmente brindó respaldo documental a la operatividad de la empresa.
El silencio o la ambigüedad podrían desencadenar una crisis de confianza en el sistema financiero informal que prolifera en Honduras, muchas veces con la venia de autoridades locales que se escudan en procedimientos administrativos sin la verificación real del origen y modelo de negocio de las empresas.
El daño ya está hecho
Mientras tanto, cientos de personas en Choloma —muchos de ellos empleados de maquilas que vieron en Koriun una forma de inversión— enfrentan la pérdida de sus ahorros. La incertidumbre reina y la tensión social crece, mientras las autoridades locales y nacionales se reparten culpas en lugar de asumir soluciones concretas.
A la espera de una auditoría más profunda y de acciones judiciales, la ciudadanía exige respuestas. ¿Quién permitió que Koriun operara sin control? ¿Cómo evitar que otros “Koriun” se instalen con respaldo institucional? La responsabilidad, para muchos, no solo es legal: es moral y política.
