Las compras directas fue fuertemente criticada en el pasado por los mismos actores que hoy la defienden.
30 de abril de 2025
Tegucigalpa, Honduras
La Secretaría de Salud (Sesal) declaró fracasado el reciente proceso de licitación pública para la adquisición de medicamentos, una medida que ha generado inquietud tanto en sectores políticos como en organizaciones de la sociedad civil, debido a que la alternativa propuesta por las autoridades .
En el proceso, que pretendía adquirir 429 tipos de medicamentos esenciales para abastecer la red hospitalaria del país, solo se adjudicaron 70 productos. Estos fueron distribuidos entre apenas cinco empresas, de las más de 40 que participaron. Es decir, más del 83% del proceso fue declarado desierto.
Las razones del fracaso
Funcionarios de la Sesal argumentaron que las empresas participantes no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Según la versión oficial, muchas propuestas fueron descalificadas por falta de documentación, incumplimientos técnicos.
Nuestra responsabilidad es garantizar la transparencia y la calidad de los medicamentos que llegarán a los hospitales y centros de salud del país”, declaró un portavoz de la Secretaría.
Sin embargo, algunas empresas farmacéuticas consultadas —bajo condición de anonimato aseguran que las condiciones del proceso fueron poco claras, con requisitos cambiantes y plazos poco razonables. También apuntaron a una falta de diálogo técnico entre el gobierno y el sector privado, lo que, aseguran, contribuyó al desenlace negativo del proceso.
Compras directas: ¿retorno a prácticas opacas?
Frente a este fracaso, la Sesal ha optado por realizar compras directas de los medicamentos no adjudicados, una medida que en gobiernos anteriores fue duramente cuestionada por la ahora administración. La entonces oposición —hoy en el poder— denunció que esta modalidad facilitaba la corrupción, favorecía a empresas allegadas al gobierno y permitía sobrevaloraciones en los precios.
Hoy, sin embargo, las autoridades justifican la decisión como una “solución urgente” para evitar el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos.
Críticas y cuestionamientos
La medida ha despertado críticas de distintos sectores. Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han exigido que se publiquen los detalles de las compras directas, incluidos los nombres de los proveedores, los precios pactados y las cantidades adquiridas.
“Lo que antes se criticaba como corrupto no puede ahora justificarse como necesario. Sin transparencia, esta decisión abre las puertas a los mismos vicios del pasado”, señaló Carlos Hernández, director de la ASJ.
Por su parte, desde el Congreso Nacional, diputados de oposición señalaron que este giro en la política de adquisiciones representa una contradicción con el discurso de transparencia y lucha contra la corrupción que llevó a este gobierno al poder. “La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se cambia de postura según convenga al gobierno”, cuestionó la diputada Maribel Espinoza.
Un sistema en crisis
La falta de planificación, el débil control de calidad, los procesos burocráticos y la desconfianza mutua entre el Estado y los proveedores son solo algunas de las causas que explican la alta tasa de fracaso en licitaciones anteriores.
¿Qué sigue?
Mientras tanto, miles de pacientes en hospitales públicos siguen a la espera de tratamientos esenciales, y el debate sobre cómo garantizar el acceso a medicamentos sin sacrificar la transparencia vuelve al centro de la discusión pública.
