La violencia continúa marcando de forma trágica la vida de cientos de familias hondureñas.
Tegucigalpa, 1 de mayo de 2025. En un país azotado por la inseguridad, la muerte violenta de menores de edad sigue siendo una alarmante constante. Según datos divulgados por la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), al menos 250 menores perdieron la vida de manera violenta entre enero y marzo de 2025.
La cifra, que representa un promedio de aproximadamente 50 muertes al mes, ha encendido las alarmas entre organismos defensores de la niñez y la adolescencia. Wilmer Vásquez, director ejecutivo de COIPRODEN, expresó su profunda preocupación por este fenómeno, que considera parte de una violencia estructural arraigada en la sociedad hondureña.
“Un promedio de 50 adolescentes y jóvenes están muriendo mensualmente”, declaró Vásquez, subrayando la necesidad urgente de establecer políticas públicas efectivas que protejan a la niñez de entornos violentos.
Zonas más afectadas: Cortés y Francisco Morazán
El informe de la organización también destaca que los departamentos de Cortés y Francisco Morazán son los más afectados por esta ola de violencia. Estas regiones, que albergan ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente, concentran los mayores índices de homicidios y enfrentamientos armados.
Según COIPRODEN, estas áreas han sido históricamente vulnerables debido a factores como la presencia de estructuras criminales, altos niveles de pobreza, y la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad.
Una reducción insuficiente
A pesar del panorama sombrío, Vásquez hizo una mención importante: comparado con el primer trimestre de 2024, se ha registrado una reducción del 13% en el número de muertes violentas de menores.
“El hecho de que haya una disminución no puede ser motivo de celebración cuando aún estamos hablando de 250 vidas perdidas. Es una llamada a reforzar lo que funciona y replantear lo que no”, agregó Vásquez.
Un llamado a la acción
Desde COIPRODEN, el llamado es claro: el Estado hondureño debe asumir un rol más activo y protector frente a los derechos de la niñez y la juventud. Esto implica fortalecer los programas de prevención, mejorar el sistema judicial en materia de niñez, combatir la impunidad y promover alternativas de desarrollo para los sectores más vulnerables.
Además, la organización insta a la sociedad civil, medios de comunicación y comunidad internacional a no permanecer indiferentes ante una crisis que, según afirman, también refleja una falla colectiva en garantizar el derecho a la vida.
“Necesitamos políticas públicas sostenidas, no parches temporales. La vida de nuestros niños no puede depender del azar o del lugar donde nacieron”, concluyó Wilmer Vásquez.
