Tegucigalpa, Honduras. — El escándalo financiero que rodea a Koriun Inversiones, una presunta red de estafa piramidal que habría defraudado a cientos de hondureños, ha comenzado a generar tensiones en los círculos judiciales y políticos del país. En las últimas horas, el exsecretario de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público, al que acusa de mostrarse omiso e ineficaz ante un caso que podría considerarse como uno de los fraudes más graves de los últimos años.
La empresa, que operaba bajo una fachada de asesoría financiera y promesas de altas rentabilidades, habría captado millones de lempiras a través de un esquema piramidal clásico, donde los fondos de nuevos inversionistas eran utilizados para pagar supuestos «rendimientos» a los primeros participantes. Sin embargo, tras semanas de denuncias en redes sociales y medios digitales, la estructura colapsó, dejando tras de sí una estela de víctimas sin respuestas y un vacío de acción institucional.
Silencio institucional y críticas directas
En una comparecencia pública, Edmundo Orellana no dudó en señalar al actual fiscal general, Johel Zelaya, como principal responsable de la falta de acción por parte del Ministerio Público. “Es inaudito que frente a una estafa de estas proporciones, donde hay denuncias documentadas y cientos de afectados, no se haya producido una acción contundente por parte de la fiscalía. ¿A qué están esperando?”, cuestionó el exfuncionario.
Orellana, reconocido por su trayectoria en la lucha contra la corrupción, se mostró particularmente preocupado por la ausencia de medidas cautelares como aseguramientos, congelamientos de cuentas o citaciones formales. “Hay una estructura financiera que se está desmoronando ante los ojos del país, y ni una sola persona ha sido imputada”, dijo, al tiempo que advirtió que la omisión podría derivar en encubrimiento por omisión o negligencia institucional.
Preguntas sin respuesta
Durante su intervención, el exsecretario de Transparencia planteó una serie de interrogantes que, a su juicio, reflejan la opacidad y falta de compromiso por parte de las autoridades:
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¿Por qué no se ha asegurado la documentación contable y los registros electrónicos de Koriun Inversiones?
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¿Qué medidas se han tomado para identificar a los responsables detrás de la empresa?
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¿Se ha contactado a las víctimas para recabar sus testimonios de manera formal?
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¿Cuáles son los obstáculos, si los hay, que impiden avanzar en la judicialización del caso?
“Cada día que pasa sin una respuesta institucional clara, es un día en que la impunidad gana terreno”, puntualizó Orellana.
Víctimas en espera
Mientras tanto, las víctimas —en su mayoría ciudadanos de clase media que confiaron en las promesas de retorno financiero rápido— continúan esperando acciones concretas. Algunos han empezado a organizarse en redes sociales para exigir justicia y asesoría legal colectiva. Se estima que los montos defraudados podrían superar los 50 millones de lempiras, aunque aún no hay una cifra oficial confirmada.
“Nos sentimos abandonados por el Estado. Nadie nos dice qué hacer ni cómo actuar. Es como si no existiéramos”, expresó una de las afectadas, quien prefirió no revelar su nombre por miedo a represalias.
Llamado a la acción
Diversos sectores sociales y políticos han comenzado a pedir explicaciones al Ministerio Público. Organizaciones de la sociedad civil y plataformas anticorrupción exigen que se investigue a fondo no solo a los promotores de Koriun Inversiones, sino también a posibles cómplices o facilitadores dentro del sistema financiero o estatal.
En ese sentido, Orellana instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante: “El caso de Koriun no puede terminar como tantos otros, archivado en la indiferencia y el olvido. La transparencia y la justicia no son opcionales, son una obligación del Estado”.
Por ahora, la expectativa se mantiene. El país observa con atención si finalmente la fiscalía bajo el liderazgo de Johel Zelaya dará pasos firmes hacia la judicialización del caso, o si este será otro capítulo más en la larga lista de estafas impunes que han afectado al pueblo hondureño.
