Carlos Medrano*
Cuando en un país no hay orden, no hay autoridad que imponga la ley y cuando cada quien hace lo que quiere y lo que se le antoja, suceden estafas como la ocurrida por la empresa Koriun Inversiones, en la que abiertamente a través de las redes sociales se promocionaba y motivaba a incautos a meter su dinero en su organización.
Nadie, en su debido momento, investigó el fenómeno de una empresa que pagaba 5% semanal por el dinero invertido, nadie intervino a una empresa que no estaba regulada por los organismos correspondientes, nadie previno el semejante problema en el que estamos hoy día con miles de ciudadanos estafados y generando caos en el epicentro de la crisis, el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés.
Koriun aplicó un esquema Ponzi, que es una forma de estafa piramidal que encanta con intereses verdaderamente atractivos a inversores pagando utilidades a los anteriores con fondos de inversores más recientes.
El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.
Pero semejante elefante blanco llamado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, un ente burocrático super-pagado que tiene privilegios sobredimensionados en un país pobre como Honduras, ¿no pudo detectar semejante estafa?, ¿No tienen algún departamento de inteligencia financiera que permita investigar y detener preventivamente a estos estafadores?
La CNBS, expresa su ley, supervisará las actividades financieras, de seguros, previsionales, de valores y demás relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; y otras instituciones financieras y actividades, determinadas por el presidente de la República en Consejo de Ministros; además vigilará que las instituciones supervisadas cuenten con sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; haciendo cumplir las leyes que regulan estas actividades.
Esta legislación no excluye la responsabilidad de la CNBS por las empresas que no son supervisadas, pues desde el momento que capta fondos del público y que abierta y descaradamente se promocionan a través de las redes sociales, ellos debieron intervenir.
Tenemos información que en Honduras operan un par de empresas más con operaciones similares a Koriun y que frente a este escándalo ya no están pagando dividendos, dejando a otros miles de hondureños sin sus intereses y su capital, a vista y paciencia de autoridades displicentes y negligentes, que llegan a los cargos a figurar y ganar jugosos salarios.
Ahora sobre Koriun pesa un desorden descomunal, un manoseo de dinero en cajones y bolsas plásticas, sin comprobantes legales debidamente acreditados por una autoridad, con cifras que repican y se contradicen como la del administrador ya apresado quien expresó que hay L2,000,000,000 (L2 mil millones) en cuentas bancarias para devolución, mientras la autoridad demostró que en cuentas bancarias solamente se registran unos Lps. 69,198,522.78.
Los pobladores estafados hoy dan pena, fueron estafados vulgarmente sin que nadie les advirtiera –en su debido momento–, de esta crisis en la que están, pero no tienen derecho a generar caos en Choloma, pues nadie solo ellos son los culpables de esta estafa.
Muchos analistas han advertido a la presidencia de la República que utilizar recursos públicos para pagarle a los estafados es ilegal y atraerá repercusiones legales a quienes demagógica y populistamente procedan a pagar por un acto delictivo.
*Periodista
