Expertos insisten en que el retiro del exministro solo rasga la superficie de un presunto esquema de desvío de fondos públicos con fines políticos, y exigen acciones contra otros implicados, incluida la diputada Isis Cuéllar.
Tegucigalpa, Honduras – 30 de junio de 2025.
La reciente dimisión de José Carlos Cardona al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha encendido las alarmas en distintos sectores sociales y jurídicos del país. Para analistas y expertos en materia legal, su salida no representa una resolución ni mucho menos una muestra de justicia cumplida, sino una señal de la profundidad del problema que apenas comienza a destaparse.
Cardona, quien fungió como ministro de Sedesol hasta hace pocos días, se vio envuelto en un escándalo relacionado con presuntos desvíos millonarios de fondos destinados al combate de la pobreza. De acuerdo con información divulgada por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, existen evidencias contundentes de uso irregular de recursos provenientes del Fondo de Ejecución Solidaria, los cuales habrían sido canalizados con fines electorales en diferentes regiones del país.
Para juristas y analistas políticos, la renuncia de Cardona no debe ser vista como un acto de valentía ni como un cierre al episodio, sino como un punto de partida para una investigación profunda. “Este es apenas el primer eslabón en una cadena de corrupción que claramente tiene más involucrados. La renuncia de Cardona solo libera el camino para que el Ministerio Público actúe sin interferencias políticas”, expresó el abogado constitucionalista Marcos Aguilar.
Entre los nombres que ya comienzan a figurar con más fuerza está el de la diputada del partido Libre, Isis Cuéllar, quien ha sido señalada por presuntamente haber gestionado y facilitado el desembolso de hasta 37 millones de lempiras desde Sedesol para proyectos cuya ejecución y destino final aún no ha sido debidamente justificada. Cuéllar, quien representa al departamento de Copán, ha negado los señalamientos, pero hasta ahora no ha mostrado voluntad de separarse del cargo para facilitar las investigaciones.
“Una funcionaria señalada directamente no puede permanecer en su puesto como si nada pasara. La ética pública exige que la diputada Cuéllar se aparte del cargo al menos mientras dure la investigación”, añadió Aguilar.
Por su parte, organizaciones de sociedad civil han pedido al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) que actúen con celeridad y sin sesgos partidarios. Según la directora de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lourdes López, «el uso de fondos sociales para fines político-partidarios es una de las formas más crueles de corrupción porque manipula la necesidad de los más pobres. No podemos permitir que esta investigación muera con una renuncia».
El presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Honduras, Francisco Pineda, también fue enfático al señalar que “la ciudadanía merece saber quiénes más están involucrados, cuánto dinero fue realmente desviado, y qué castigo enfrentarán los responsables”.
Aunque desde el Poder Ejecutivo se ha afirmado que se colaborará con todas las investigaciones y se garantiza transparencia, el escepticismo ciudadano es elevado. Hasta ahora, no se ha informado si el Ministerio Público ha abierto formalmente un proceso judicial contra Cardona o Cuéllar, más allá de los señalamientos administrativos y mediáticos.
La presión aumenta en el Congreso Nacional, donde algunas bancadas de oposición han comenzado a plantear la posibilidad de crear una comisión especial que investigue de forma independiente los manejos en Sedesol durante la gestión de Cardona. También han solicitado al Tribunal de Cuentas que publique un informe actualizado de auditoría sobre todos los desembolsos hechos a través del Fondo de Ejecución Solidaria entre 2023 y 2025.
En medio del escándalo, la ciudadanía permanece expectante. La experiencia de anteriores casos similares hace temer que todo quede, una vez más, en un escándalo pasajero sin consecuencias legales reales. Sin embargo, el hecho de que el caso involucre a altas figuras del oficialismo podría marcar un parteaguas en la forma en que se investigan los actos de corrupción en el país.
Conclusión:
La renuncia de José Carlos Cardona es, en efecto, una señal de la magnitud del problema, pero también una oportunidad para demostrar si las instituciones hondureñas están a la altura de la transparencia que prometen. La investigación apenas comienza y la ciudadanía exige respuestas, no silencios.
