Por: Oscar Lanza Rosales
Durante las últimas semanas, el gobierno ha enfrentado tres tormentas políticas que desnudan su incapacidad y oportunismo. Primero, el escándalo con Koriun Inversiones, y su propuesta ilegal de indemnizar a los afectados con fondos públicos. Luego, la revelación de millonarios actos de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras dependencias, donde diputados y funcionarios oficialistas desviaron fondos que debían llegar a los más pobres. Y como si eso fuera poco, el golpe moral y económico para miles de compatriotas que significó la eliminación del TPS por parte de Estados Unidos, una decisión que, aunque tiene múltiples factores, refleja la falta de gestión y de credibilidad internacional del actual gobierno, que no realizó bien su trabajo en pro de nuestros migrantes.
La vox populi cree que todos esos escándalos, el Partido de Liberación y Refundación (PLR) ahora los quiere esconder con un nuevo escándalo, boicoteando el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo claro de desviar la atención de asuntos torales y mantener el control sobre el proceso electoral a su conveniencia.
Desde hace semanas, el consejero Marlon Ochoa, leal partidario del PLR, ha boicoteado reiteradamente las sesiones del pleno del CNE, impidiendo que se aprueben decisiones claves para garantizar elecciones transparentes y confiables. Acompañado por sus suplentes, ha logrado paralizar el cronograma electoral, en especial el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta esencial para evitar el fraude.
Lo más grave es que este bloqueo deliberado se sustenta en un discurso legalista hipócrita. El mismo partido que en 2021 avaló la toma de decisiones con mayoría de dos consejeros -cuando Rixi Moncada era consejera del CNE- hoy exige unanimidad para impedir que sus adversarios impulsen medidas transparentes. Es decir, aplican las reglas cuando les conviene y las impugnan cuando no.
Este accionar, además de irresponsable, podría constituir delito electoral, como ya lo han señalado los juristas más calificados de nuestro medio. Y aunque las pruebas sobran, la impunidad también. Libre no quiere elecciones limpias. Quiere confusión, crisis y deslegitimación del proceso. Su lógica es clara: si no puede ganar limpiamente, mejor desestabilizar todo.
Frente a esta situación crítica, es urgente una respuesta ciudadana y legal. Desde esta trinchera, propongo una estrategia de tres pasos para destrabar la crisis y defender la ruta electoral:
Primero, actuar con firmeza legal: las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall deben continuar las sesiones con mayoría, amparadas en la Ley Electoral, como ya se hizo en 2021. Las ausencias injustificadas de Marlon Ochoa, y los suplentes, deben documentarse para hacer las denuncias penales correspondientes, cuantas veces sea necesario ante el Ministerio Público, que debe actuar ante la obstrucción de funciones públicas.
Segundo, se necesita una respuesta institucional decidida: el Congreso Nacional debe emitir una resolución que respalde la legalidad de las decisiones por mayoría y condene el boicot oficialista. Asimismo, se debe invitar urgentemente a la OEA, ONU, Unión Europea y otros organismos internacionales, para que acompañen el proceso como garantes técnicos, y se debe solicitar un dictamen jurídico independiente, nacional o internacional, que respalde la legalidad de la continuidad del CNE.
Tercero, urge una movilización cívica de las universidades, iglesias, colegios profesionales, organizaciones y movimientos de la sociedad civil en general, para impulsar una campaña nacional por la institucionalidad electoral bajo el lema: “Honduras se merece unas elecciones limpias”. Que se denuncie el doble discurso de Libre y se movilice el voto joven e independiente en defensa del TREP y del derecho a elegir sin trampas.
Esta no es solo una lucha entre partidos. Es una batalla por la democracia. Y no podemos permitir que un partido que ha demostrado no saber gobernar, y que en vez de soluciones solo genera anarquía, destruya también la última esperanza que nos queda: elegir en libertad y con transparencia.
No permitamos que nos roben el futuro como ya nos han robado los fondos, la credibilidad y la estabilidad.
Es hora de ponerle un alto al PLR. La defensa del CNE, del TREP y del calendario electoral es, hoy más que nunca, la defensa del país que queremos recuperar. Honduras merece elecciones en paz, no más caos disfrazado de refundación.
