Tegucigalpa, Honduras. – A menos de un mes de los comicios nacionales, los partidos de oposición han levantado una grave advertencia: la instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional por parte del oficialismo es vista como un paso deliberado para perpetuarse en el poder y debilitar las normas democráticas en el país.
El hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes, cuando la bancada mayoritaria del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto al presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras, Luis Redondo, procedieron a instalar la Comisión Permanente sin el respaldo de las bancadas de oposición.
Reacciones de la oposición
Los líderes del Partido Nacional de Honduras y del Partido Liberal de Honduras calificaron la acción como ilegal y un serio riesgo para la institucionalidad democrática.
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Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, declaró que “la decisión de Libre … demuestra que el familión ya renunció a las elecciones”.
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Francis Argeñal, diputada del Partido Nacional, advirtió que el gobierno “se niega a soltar el poder” y alertó sobre un patrón de abuso de autoridad.
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Desde el Partido Liberal, Octavio Pineda llamó “traidores a la patria” a los miembros del Poder Legislativo que aprobaron la comisión, y Roberto Contreras (presidente del Consejo Central Ejecutivo Liberal) advirtió en redes sociales que se “quiere instalar una dictadura al estilo Venezuela”.
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La candidata liberal Alia Kafatti catalogó el momento como una de las “horas más oscuras de nuestra frágil democracia” e instó al pueblo a mantenerse vigilante.
El núcleo de la crítica apunta a que, según la oposición, el oficialismo está buscando frenar el proceso electoral mediante instrumentos institucionales que permitan una transición pactada o controlada por sus aliados.
La maniobra oficialista
El sábado por la madrugada, luego de las 00:00 horas, Luis Redondo y diputados oficialistas procedieron a instalar la Comisión Permanente, sin la participación de las bancadas opositoras.
La polémica gira en torno a la constitucionalidad y la transparencia del acto: los críticos señalan que la Comisión Permanente podría asumir atribuciones que constitucionalmente corresponden al pleno legislativo. Asimismo, manifestaron que la instalación formaría parte de lo que describieron como la “última fase del plan Venezuela” en Honduras: un intento de consolidar una hegemonía política ante la percepción de una derrota inminente en las urnas.
¿Qué hay en juego?
Con los comicios cada vez más cercanos, la tensión política se intensifica en el país. Desde la oposición se advierte que estamos frente a un escenario en el cual la mayoría oficialista pretende aferrarse al poder, anticipándose a lo que consideran una posible derrota electoral en el corto plazo.
El temor se centra en que la instalación de una comisión como esta pueda generar un vacío institucional o fungir como mecanismo de control adicional sobre el proceso electoral, lo que según los críticos “quiebra el orden democrático” del país.
Contexto político y mirada al futuro
En el marco de la campaña electoral y del proceso de transparencia que reclama la ciudadanía, este tipo de decisiones institucionales generan un efecto doble: por un lado, generan desconfianza en los mecanismos democráticos; por otro, pueden condicionarlos de cara a la competencia electoral.
Para los analistas, la clave estará en qué tan legítima y respetuosa del marco constitucional resultará la actuación de esta Comisión Permanente, y en cómo reaccionarán los organismos electorales, la prensa y la sociedad civil ante lo que algunos ya señalan como una “deriva autoritaria”.
La comunidad internacional, así como los observadores de procesos democráticos, también estarán pendientes de Honduras en estas semanas, evaluando no sólo los resultados electorales, sino el respeto al marco institucional y la igualdad de condiciones para todos los actores políticos.
Epílogo
La instalación de la Comisión Permanente marca un antes y un después en la coyuntura política hondureña: se convierte en símbolo del choque entre quienes denuncian un intento de perpetuación en el poder y quienes lo justifican como parte de sus atribuciones legislativas. El verdadero termómetro estará en los próximos días: si prevalece la institucionalidad o si esta maniobra abre una puerta para transformaciones que algunos comparan con experiencias de otros países de la región.
La ciudadanía hondureña está llamada a observar con atención, a demandar transparencia, y a exigir que, pase lo que pase, la democracia no quede de lado.
