El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, lanzó una severa advertencia dirigida a los funcionarios públicos, en especial a quienes integran los órganos electorales, al recordar que todo servidor del Estado, al asumir un cargo, realiza una promesa de ley cuyo cumplimiento no es opcional ni simbólico, sino una obligación jurídica con consecuencias penales en caso de incumplimiento.
Las declaraciones de Orellana surgen en medio de la controversia generada por la negativa pública del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, de firmar la declaratoria final del proceso electoral, una postura que ha provocado preocupación en diversos sectores políticos, jurídicos y sociales del país, ante el riesgo de una crisis institucional.
El exjefe del Ministerio Público subrayó que la promesa que realizan los funcionarios al asumir sus cargos no es una simple formalidad administrativa, sino un juramento respaldado por la ley. “No es una simple expresión retórica o una fórmula legal; es una promesa de ley, un juramento, cuyo incumplimiento supone la violación a una ley, con consecuencias punitivas”, expresó Orellana, dejando claro que cualquier actuación que contravenga ese compromiso puede derivar en responsabilidades legales.
Orellana enfatizó que los consejeros electorales tienen la responsabilidad constitucional de garantizar la legalidad, transparencia y finalización del proceso electoral, independientemente de diferencias políticas o criterios personales. En ese sentido, advirtió que negarse a cumplir funciones establecidas por la ley puede interpretarse como una falta grave, que atenta contra el orden democrático y la institucionalidad del país.
El exfiscal también recordó que el sistema democrático se sostiene sobre el respeto estricto a la ley y al marco constitucional, por lo que cualquier intento de bloquear o retrasar procedimientos oficiales, como la declaratoria final de elecciones, genera incertidumbre, desconfianza ciudadana y tensión social. A su juicio, este tipo de acciones pueden abrir la puerta a conflictos mayores y poner en riesgo la paz social.
Diversos analistas han coincidido con la postura de Orellana, señalando que la actitud asumida por el consejero Marlon Ochoa podría sentar un precedente delicado si no se respetan los mecanismos legales establecidos para la conclusión del proceso electoral. Además, advierten que los órganos electorales deben actuar con responsabilidad, imparcialidad y apego estricto a la ley para evitar un debilitamiento de la credibilidad institucional.
Finalmente, Edmundo Orellana hizo un llamado a los funcionarios públicos a honrar el juramento que realizaron al asumir sus cargos, recordando que la ley no solo confiere derechos y atribuciones, sino también deberes ineludibles. “El compromiso con la ley está por encima de intereses personales o partidarios”, reiteró, al tiempo que instó a las autoridades electorales a actuar con madurez, responsabilidad y respeto al Estado de derecho, en un momento clave para la democracia hondureña.
